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Taxistas no quieren que la ATTT integre 800 cupos más en La Chorrera

El gremio taxista solicitó al Municipio de La Chorrera, abstenerse de inscribir en el registro vehicular los cupos de taxis 13T.

Eric A. Montenegro

Gremios taxistas y de rutas internas del distrito de La Chorrera, están en pie de guerra, ante la presunta introducción por parte de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de nuevos  certificados de operación con el alfanumérico 13T y 13B. 

 

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Se trata de 800 cupos de taxi que pretende trasladar la ATTT, desde la ciudad capital hacia La Chorrera bajo la serie 13T, asignada a la provincia de Panamá Oeste por la Ley 119 del 30 de diciembre de 2013.

Una cifra similar de certificados de operación se pretende introducir en el distrito de Arraiján, por lo cual la Cooperativa de Transportes y Transportistas Unidos, ya presentó una denuncia penal en contra del director de la ATTT, Julio González.

Jesús Abrego, de la prestataria Unión de Conductores de Taxi y Transportes Comerciales, de la Chorrera,  aseveró que esta acción de la ATTT, saturará aún más el mercado local.

 

Transportistas aseguran que están jugando con su pan 

 

El gremio taxista solicitó al Municipio de La Chorrera, abstenerse de inscribir en el registro vehicular los cupos de taxis 13T que sean trasladados desde la ciudad capital.

Juan Salas, integrante de la Cooperativa de Transportes y Transportistas Unidos de Arraiján, indicó que la alcaldía de Arraiján, ya decidió no inscribir estos certificados de operación.

Tomás Velásquez, alcalde de La Chorrera, dijo que no permitirá “inscripciones amañadas” de taxis proveniente de la capital sin la realización de una certificación de la ATTT, la cual es expedida luego de realizarse un factibilidad exigido por Ley 14 de 1993.

 

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El alcalde Velásquez indicó que la cifra de 800 nuevos cupos de taxis es impensable para el distrito de La Chorrera.

Por su parte, el abogado Víctor Martínez indicó que se procederá a interponer ante la Procuraduría de la administración un recurso de ilegalidad en contra del proceso de anulación de los certificados de taxi 8T, el cual deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia.

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