Tribunal ordena medidas para proteger terreno donde fue demolido el monumento chino
John Campos, quien representa a una de las partes querellantes, dijo que la solicitud de aplicación de medidas conservatorias innominadas busca frenar la realización de cualquier tipo de proyecto por parte de la alcaldía de Arraiján en Mirador del Puente de las Américas.
La Fiscalía Anticorrupción logró que un Tribunal de Garantías avalara la solicitud de aplicación de medidas conservatorias innominadas sobre el inmueble en donde se encontraba ubicado el monumento que conmemoraba los 150 años de presencia china en Panamá.
La solicitud fue presentada como parte de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público (MP) por la posible comisión del delito contra la administración pública, abuso de autoridad y otros ilícitos.
Estas medidas conservatorias innominadas implican la suspensión de cualquier acto, proyecto o actividad dentro del bien inmueble, así como la abstención de realizar intervenciones de cualquier naturaleza en el lugar, mientras culmina el proceso correspondiente.
En este caso se encuentra involucrada la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. La alcaldesa fue denunciada en diciembre del 2025 por la abogada Edna Ramos Chue ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción por la demolición del monumento en homenaje a los 150 años de presencia de la comunidad china en Panamá.
La demolición del monumento ubicado en el mirador del puente de las Américas se llevó a cabo la noche del 27 de diciembre del 2025.
John Campos, quien representa a una de las partes querellantes, dijo que la solicitud de aplicación de medidas conservatorias innominadas busca frenar la realización de cualquier tipo de proyecto por parte de la alcaldía de Arraiján en Mirador del Puente de las Américas.
Agrega además que, por parte de la alcaldía de Arraiján, no se puede desarrollar ningún tipo de proyecto en este terreno, ya que el mismo es propiedad de la Caja de Ahorros desde 1993.
En enero del 2026, la alcaldesa Stefany Peñalba, a través de un video posteado en su cuenta de Instagram, indicó que la decisión de su administración de demoler el monumento se basó en el deber constitucional de proteger la vida, la seguridad y la integridad física de las personas que concurrían a este espacio público.
Alega, además, contar con tres informes técnicos, emitidos por la Dirección de Obras y Construcciones, Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y un informe externo, aunque no precisa quién lo elaboró.
Todos los informes concluyen que “las estructuras presentaban deterioro estructural avanzado con desprendimiento de concreto, corrosión de acero, abultamientos y rajaduras, lo que configura un riesgo real e inminente”.
Dichos informes determinaron además que “la estructura había superado su vida útil, agravada por la exposición constante al ambiente marino”.
El informe de SINAPROC incluso advirtió que el estado del sitio representaba una amenaza para la seguridad ciudadana y una imagen negativa para el entorno.