El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) presentó ayer miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto del Gobierno de Panamá que fijó un margen bruto máximo de comercialización de algunos productos importados a fin de propiciar una bajada en el costo de la canasta básica.
Esta decisión del Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo se enmarcó en la mesa única de diálogo instalada el pasado 21 de julio con representantes de los sindicatos que lideraron una ola de protestas ese mes contra el alto costo de los combustibles y los alimentos.
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El presidente del Conep, Rubén Castillo, explicó que el gremio presentó la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CJS) porque el Decreto 16 del 26 de julio de 2022, emitido por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI), atenta contra la libre competencia y termina perjudicando a los consumidores.
"El Conep va a defender la libre competencia (...) tal como ha ocurrido en otros países, la regulación de precios, la intervención masiva del Estado en la actividad económica afecta a los ciudadanos", dijo Castillo a los periodistas.
El decreto impugnado fija un margen bruto máximo de comercialización de algunos alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza importados en función de la eliminación de los aranceles de importación, todo con el fin de propiciar una bajada en su precio de venta al público.
"Hemos analizado el tema jurídicamente y pensamos que debemos estimular la libre competencia y no caer en un Estado que interviene en la economía", sostuvo Castillo.
En el marco de la mesa única de diálogo, muy cuestionada por el sector privado panameño porque no participa en la misma, el Gobierno de Cortizo y los sindicatos acordaron otras medidas para bajar el costo de la vida, como elevar a 72 los productos de la canasta básica de alimentos y aplicar un control de precios.
El Gobierno y los sindicatos acordaron además una rebaja del 30 % en el precio de 170 medicinas, que en Panamá son de las más caras de la región.
Esta decisión fue impugnada ante el Supremo, el pasado 29 de agosto, por la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias (Unprofa) que argumentó que esa rebaja del 30 % los llevará "a la quiebra".
Unprofa que aglutina unas 450 pequeñas farmacias que generan alrededor de 5.000 empleos, denuncia que ni las distribuidoras ni los laboratorios farmacéuticos han asumido la rebaja del 30 % ordenada por el Gobierno panameño y que estos comercios no pueden hacerlo solos.
