Amnistía Internacional (AI) denunció hoy violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua con conocimiento de las más altas autoridades del Estado, entre ellas el presidente y la vicepresidenta -Daniel Ortega y Rosario Murillo-, y también, en muchas ocasiones, bajo su orden y control.
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Consta así en el informe Sembrando el terror, presentado hoy en Madrid y que documenta 25 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas ente el 30 de mayo y el 18 de septiembre pasados: personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas, según AI.
Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales estiman entre 322 y 512 personas muertas durante las protestas ciudadanas contra Ortega, que comenzaron el 18 de abril debido a unas reformas de la seguridad social, luego anuladas.
El Gobierno de Managua, por su parte, reduce la cifra de víctimas mortales a 199, denuncia un intento de golpe de Estado y niega las acusaciones de violaciones de derechos humanos.
El Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó terrorista o golpista a toda persona que se manifestara en contra del Gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas, argumenta AI en el estudio, el segundo que elabora sobre la crisis nicaragüense.
Unas 322 y 512 personas han muerto durante las protestas en Nicaragua
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, comentó en rueda de prensa el incremento de la represión violenta por el Estado, con uso de la fuerza excesivo y muchas veces letal por grupos armados progubernamentales coordinados con la Policía, y pidió que los responsables sean llevados ante la Justicia.
El estudio también denuncia el empleo de armas de tipo militar para reprimir las protestas y añade que el Estado usó la tortura.
Para este informe, AI realizó dos misiones de documentación en Nicaragua y Costa Rica, con 115 entrevistas de víctimas, familiares, testigos, personal médico y activistas de derechos humanos. Un equipo de expertos analizó más de 80 documentos audiovisuales y fotográficos.
Estas violaciones (de derechos humanos) se llevaron a cabo -precisa el informe- no solo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también (en muchas ocasiones) bajo su orden y control.
Represión violenta
No solo hubo un uso excesivo, desproporcional y en muchas ocasiones indiscriminado de la fuerza letal, sino también posibles ejecuciones extrajudiciales, seis según el informe.
AI constató también la reticencia de las víctimas a denunciar, pues las garantías procesales judiciales básicas no se cumplen en Nicaragua, apostilló Pilar Sanmartín, investigadora de crisis de la ong.
Sanmartín reconoció que algunos manifestantes emplearon cierto grado de violencia con armas de fuego.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo en el mismo acto que no se ve salida en un país moralmente destruido, con hostigamiento a los activistas de derechos humanos y periodistas y donde se ha traicionado la revolución y destruido a la oposición.
AI urge a Ortega a desmantelar los grupos parapoliciales, cesar la persecución y detenciones arbitrarias y garantizar las libertades.
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La organización pide a España que no vuelva a enviar armas a Nicaragua y trabaje para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convoque una sesión especial sobre la situación en ese país.
