Colombia cree que fin del conflicto acelerará el respeto

Colombia asumió hoy en la ONU los retos y desafíos que tiene en relación al respeto de los derechos humanos, pero reafirmó su compromiso de que el fin del conflicto acelere el proceso de cumplimiento de las libertades fundamentales. “El Estado colombiano está convencido de que la mejor manera para garantizar los derechos de los colombianos es asegurar una paz estable y duradera“, afirmó Paula Gaviria Betancur, consejera presidencial para los Derechos Humanos del Gobierno de Colombia. El país sudamericano se presentó hoy ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el organismo que vela por el cumplimiento de los derechos fundamentales recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que, regularmente, hace un escrutinio de los países que se adhirieron al mismo. Durante su alocución, Gaviria, que actuaba como jefa de delegación, destacó que tras cinco años de conversaciones Bogotá logró alcanzar un acuerdo de paz negociado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Gaviria subrayó que el acuerdo está “basado en un enfoque de derechos humanos y tiene como eje central el reconocimiento de los derechos de las víctimas, cuya participación activa en la mesa de negociaciones fue crucial.” Concretamente, citó que uno de los resultados del proceso ha sido el cese bilateral al fuego, y “ha permitido una reducción significativa del impacto del conflicto en los derechos de la población civil.” Los miembros del Comité fueron tomando su turno de palabras y uno a uno felicitaron a Colombia por los esfuerzos realizados por su Gobierno para alcanzar la paz, pero dejaron claro que, a pesar del alto el fuego, todavía se cometen diariamente extensas violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto. “Cincuenta años de conflicto han generado múltiples victimizaciones“, sostuvo Gaviria. Pero los expertos también dejaron claro que hay muchas otras vejaciones que se cometen en el país y no tienen ninguna relación con el conflicto. El primero en tomar la palabra fue Víctor Manuel Rodríguez Rescia, quien congratuló a Colombia por una amplia legislación en materia de derechos humanos, pero cuestionó sobre cómo el Gobierno hace para que esta normativa “baje hasta donde tiene que llegar, para que se aplique en todo el territorio.” “Porque debemos aceptar que el Estado aún no llega a todo el territorio del país“, puntualizó Rodríguez. Este experto preguntó, además, por los casos de los llamados “falsos positivos” -civiles que fueron ejecutados haciéndolos pasar por guerrilleros-, que aparentemente siguen ocurriendo.La delegación respondió que no tenía constancia de que tales actos siguieran sucediendo y puntualizó que se ha acabado con la práctica de otorgar premios a quien capture guerrilleros, precisamente, para evitar casos como “los falsos positivos.” Sarah Cleveland, otra de los miembros del Comité, preguntó sobre los desplazados internos, que en Colombia ron más de 7 millones de personas, la segunda mayor población del mundo.Concretamente, cuestionó sobre cómo estas personas tienen acceso a las reparaciones otorgadas por el Estado, y especialmente los menores y los discapacitados. Cleveland criticó que el proceso de restitución de tierras sea “muy lento“, a pesar de que la delegación había informado previamente de que se han restituido 192.000 hectáreas relacionadas con 12.700 casos. Otro tema que fue citado por varios miembros fue el del acoso y violencia sexual, y la violencia contra las mujeres en general. Todos los expertos reconocieron los esfuerzos realizados por el país y la legislación en vigor, pero lamentaron que no sea efectiva dado el alto número de agresiones registradas. En la misma línea, Nigel Rodley preguntó sobre el derecho al aborto y el hecho de que en la práctica las mujeres se queden indefensas ante la negativa de los médicos a practicar una interrupción del embarazo arguyendo “objeción de conciencia.” La embajadora ante la ONU, Beatriz Londoño Soto, respondió asumiendo que el problema mayor es el hecho de que haya un alto número de embarazos adolescentes.