Congreso salvadoreño aprueba sancionar medios que difundan mensajes de maras
La reforma al Código Penal establece penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes "elaboren, participen en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a las diferentes agrupaciones".
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó este martes reformar el Código Penal para sancionar a medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan o transmitan "mensajes o comunicados originados o presuntamente originados" por pandillas.
La reforma, propuesta por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con los votos de 63 diputados de 84 en el Congreso y con dispensa de trámite, es decir sin estudio ni discusión parlamentaria.
El diputado Rodrigo Ávila, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso que la iniciativa pasara a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para ser estudiada, pero no alcanzó los votos para ello.
La reforma al Código Penal establece penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes "elaboren, participen en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a las diferentes agrupaciones".
Igual sanción se aplica a medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital que "reproduzcan o transmitan" mensajes de pandillas.
Esta reforma se suma a una serie de reformas penales que incluyen la cárcel para menores, penas más altas para cabecillas de pandillas y para los que intenten ingresar a una de estas organizaciones, aprobadas recientemente por el Congreso tras una escalada de violencia.
El Salvador cumple este martes diez días bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas.
El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
El Gobierno ha realizado masivas detenciones de supuestos pandilleros, en lo que ha denominado una "guerra contra las pandillas", como lo hicieron sus antecesores.