En Venezuela muere un militar y dos civiles

APDos civiles y un guardia nacional fallecieron y al menos nueve personas resultaron heridas en incidentes el miércoles en Valencia, capital de estado Carabobo, donde se han registrado protestas callejeras desde hace un mes, al igual que en la capital venezolana y otras ciudades. Un hombre identificado como Guillermo Sánchez, de 42 años, murió por herida de arma de fuego en unos hechos violentos en la barriada de la Isabelica de Valencia, confirmó el alcalde de esa ciudad Miguel Cocchiola en su cuenta de Twitter.   El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, también informó a través de su cuenta de Twitter que el capitán de la Guardia Nacional, Ramos Ernesto Bracho Bravo, murió el miércoles tras ser herido a bala en una autopista de Valencia. Ameliach no ofreció mayores detalles y solo dijo que el oficial murió cuando ``enfrentaba grupos terroristas''    En otro incidente separado murió Jesús Enrique Acosta, un estudiante de ingeniería de 20 años, cuando estaba cerca de su casa en La Isabelica luego de que presuntos grupos oficialistas armados, conocidos como ``colectivos'', llegaron a bordo de motocicletas y dispararon en una avenida del barrio, según informó Luis Acosta, primo de la víctima, al diario Notitarde de Valencia.   Al lamentar los tres muertos de Valencia, el presidente Nicolás Maduro anunció, durante una concentración con oficialistas en el centro de la capital, que convocó a una reunión de su gabinete y que tomará ``medidas drásticas contra estos sectores que están atacando'', pero no ofreció detalles.   La Fiscalía General confirmó que en un hecho separado que se presentó este miércoles en otro punto de Valencia, que está a unos 300 kilómetros al oeste de Caracas,  un teniente coronel y dos sargentos de la Guardia Nacional resultaron heridos de bala cuando estaban removiendo escombros en una autopista.   En la capital venezolana, y las ciudades de Maracaibo, San Cristóbal, Maracay y Porlamar de la isla de Margarita, también se presentaron este miércoles protestas callejeras contra el gobierno de Maduro.   En los alrededores de la estatal Universidad Central Venezuela, en el centro de la capital, se presentaron violentos incidentes cuando varios miles de estudiantes y opositores trataron de salir a marchar y fueron bloqueados por centenares de guardias nacionales y policías con equipos antimotines.   Luego de más de una hora de forcejeo, los manifestantes, que tenían previsto llegar a sede de la Defensoría del Pueblo, se enfrentaron a los cuerpos de seguridad con piedras, botellas, bombas molotov y fuegos artificiales para tratar de superar la barrera de militares y policías.   Los guardias nacionales utilizaron por más de dos horas gases lacrimógenos, balas de goma y un camión cisterna para dispersar a los manifestantes.   Las autoridades habían negado el permiso de la marcha estudiantil alegando que hace un mes la oposición realizó una marcha similar en el centro de Caracas que culminó en violentos incidentes que dejaron un saldo de tres muertos, varias decenas de heridos y destrozos en instalaciones públicas.   Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han protagonizado desde comienzos de febrero protestas callejeras contra la inflación que alcanzó en enero una tasa anualizada de 56,3%, el desabastecimiento de bienes básicos y la delincuencia creciente.   Los violentos incidentes que se vienen registrando desde hace más de un mes en Caracas y otras ciudades han dejado un saldo de al menos 21 fallecidos y más de 300 heridos, según registros de la Fiscalía General.   El líder opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, y activistas de derechos humanos han denunciado la actuación violenta de los ``colectivos'' en protestas opositoras y han exigido a Maduro el desarme de estos grupos que son identificados como ``paramilitares''. Las autoridades han desestimado las denuncias y han señalado a la oposición de ejecutar los actos violentos.   El Tribunal Supremo de Justicia anunció el miércoles en un comunicado que se acordó un amparo cautelar en el que se ordena a los alcaldes opositores de los municipios capitalinos de Baruta y El Hatillo a que ``realicen las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios para evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos''.   Maduro dijo que en el caso de los municipios capitalinos de Chacao y Sucre también se dictaron medidas similares, y señaló que si los alcaldes opositores de esos cuatro municipios no toman acciones para evitar el bloqueo de las vías se tomarían ``medidas judiciales''.