La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un funcionario del Estado y dos civiles por los llamados "falsos positivos" en el departamento de Casanare, entre 2005 y 2008, cuando 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros.
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La imputación se da en el marco del caso de "falsos positivos" que investiga la Justicia especial, en el que condenó las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por la Brigada XVI entre 2005 y 2008, que supusieron casi dos terceras partes de los resultados que reportó esa unidad militar en la época.
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Los asesinatos de jóvenes en "falsos positivos", como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares para presentarlos como bajas de guerrilleros y así conseguir ascensos, recompensas y dinero a cambio, se produjeron sobre todo entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
