La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.
Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial y política.
«Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional», dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Y añade: «El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley».
La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).
La expresidenta critica el fallo
Fernández afirmó que los jueces de la Corte Suprema que ratificaron su condena «son tres monigotes que responden a mandos naturales por encima de ellos» y les calificó de «triunvirato de impresentables».
En un discurso a las puertas de la sede del partido Justicialista (PJ), en Buenos Aires, tras conocerse la decisión del Supremo, Fernández dijo que la decisión de los jueces implica un «cepo al voto popular».
Prisión domiciliaria, una opción para Cristina Fernández
El fallo de la Corte debe remitirse al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que en las próximas horas o días podrían detener a Fernández.
La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.
El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.
Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.
Milei dice que se hace «justicia»
Al conocer la noticia, el presidente argentino, Javier Milei, celebró este martes el fallo de la Corte Suprema y dijo que se hizo «justicia».
«Justicia. Fin. PD: La república funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuesto en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad», publicó el presidente en su perfil de la red social X, en alusión a quienes lo acusaban de mantener un pacto con la exmandataria.
También reaccionó la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, quien y dijo en su perfil de la red social X: «El que las hace, las paga».
Entre tanto, sindicatos y organizaciones sociales iniciaron cortes en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, luego de que el lunes varios de estos grupos advirtieran que tomarían medidas de fuerza en caso de que se confirmarse la condena.
Además de SMATA, La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria anunciaron que iniciarán movilizaciones inmediatas.
La causa ‘Vialidad’
La causa por la que ha quedado condenada, conocida como ‘Vialidad’, investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.
En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.
En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como «guardia pretoriana del poder económico» y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan «libres» por las calles, por lo que, para ella, «estar presa es un certificado de dignidad».
