La Gran Familia evidencia indefensión de niños mexicanos y autoridades omisas

México,(EFE) El caso del albergue mexicano del que fueron rescatados unos 500 niños víctimas de abusos sexuales ha puesto en evidencia la indefensión en que se encuentran miles de menores en este país, sobre todo aquellos que viven en la pobreza.Las imágenes que muestran las deplorables condiciones en que vivían los menores en el internado La Gran Familia, ubicado en Zamora (Michoacán), han dado la vuelta al mundo y desatado un intenso debate entre quienes defienden a la "gran obra" de la fundadora del internado y los que la atacan.Y es que más allá de si Rosa del Carmen Verduzco, de 80 años, tiene responsabilidades penales por lo que sucedía puertas adentro de la casa hogar, hoy la pregunta es dónde estaban el DIF, el ente encargado de vigilar estos centros, y las autoridades que recibieron las primeras denuncias presentadas hace más de un año.El titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Tomás Zerón, admitió hoy que faltó supervisión en el interior del albergue, pero también del exterior.      dd- gran familia 16.jpgAlrededor de 250 personas marchan para defender a la fundadora del albergueEl propio gobernador de Michoacán, Salvador Jara, señaló que tanto las autoridades como la sociedad fueron omisas ante lo que sucedía en el internado, que recibía apoyos del Gobierno y de organizaciones internacionales.Todos se han declarado sorprendidos, algunos por las condiciones de hacinamiento, de insalubridad y las denuncias de privación de la libertad, así como de maltratos físicos y sicológicos, y otros por el "linchamiento" y los excesos mostrados por el Gobierno federal en este caso.La periodista mexicana Lydia Cacho dijo hoy a Efe estar sorprendida "no sólo porque un proyecto que fue tan increíble quedara destruido, sino porque las autoridades prefirieron linchar a Rosa, en lugar de intervenir a tiempo y proteger a los niños"."Dónde estaban el DIF y el Gobierno estatal?", se preguntó Cacho, tras considerar "un exceso" el operativo militar y policial desplegado en el albergue el martes pasado."Ni a la Tuta lo han buscado así", aseguró al aludir al jefe de la organización criminal de Los Caballeros Templarios, que opera en el mismo estado de Michoacán (oeste).      dd-gran familia.jpgUn oficial de la policía permanece junto a jóvenes que viven en la casa-hogar Cacho es autora de los libros "Los demonios del Edén" (2005) y "Esclavas del Poder" (2010), en los que denuncia a las redes de pornografía infantil y de explotación sexual de mujeres, respectivamente."Si Rosa y su equipo son responsables de esos horrores, deben responder jurídicamente, pero en el marco legal, no como lo han hecho", aseguró sobre un tema que es recurrente en México, el linchamiento mediático de presuntos culpables.El fiscal Jesús Murillo ha dicho que serán cuidadosos en la investigación y que protegerán a las víctimas, pero lo cierto es que aún no hay una plan para ello y los menores, muchos de ellos recogidos de la calle o sin padres capaces de hacerse cargo, siguen en el mismo recinto.Ahora "quién se va a hacer cargo de esos 500 niños y niñas?", se preguntó Cacho, quien pidió a las autoridades dar a conocer el "plan integral" que pondrán en marcha para que esos menores estén "seguros, protegidos y contenidos en un ambiente adecuado".Este caso, como otros escandalosos que se han registrado en el pasado, como el del albergue Casitas del Sur o la Villa de las Niñas, evidencia la necesidad de "retomar el tema de la regulación de los hospicios y albergues en todo el país", aseguró.Según la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), en México hay 412.456 niños privados de cuidados parentales, de los cuales 29.310 están en 703 centros enfocados a la atención y cuidado de menores, cuya situación jurídica y condiciones de seguridad se desconocen.Por lo pronto, el gobernador Jara anunció una revisión de todos los albergues en Michoacán, cuya cifra dijo desconocer, mientras que Zerón señaló que el Gobierno federal ya está trabajando en una iniciativa legislativa para regular estos centros.Una respuesta habitual de los funcionarios ante un escándalo de estas dimensiones, sobre el cual aún no se ha pronunciado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y que después suele caer en el olvido.