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La SIP preocupada por la libertad de prensa en Guatemala, tras visita al país

La SIP reiteró el compromiso de exigir a las autoridades que se respeten todas las condiciones para un debido proceso. 

Redacción web

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cree que la fragilidad institucional que vive actualmente Guatemala favorece un deterioro de la libertad de prensa y la democracia, después de que una comitiva de la organización visitara el territorio centroamericano. 

La entidad con sede en Miami (Florida, EE.UU.) informó este lunes en un comunicado que la debilidad de las instituciones se manifiesta en la falta de independencia de los poderes públicos, conclusión que divulga tras la visita la pasada semana de varios de sus miembros al país. 

La comitiva acudió a la audiencia judicial por el caso del periodista y presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, a quien visitaron en la cárcel, donde está recluido hace más de 4 meses. 

La delegación de la SIP estuvo integrada por su presidente, Michael Greenspon; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, y el director ejecutivo de la entidad, por Ricardo Trotti. 

Los delegados de la SIP dijeron que Guatemala no solo está perdiendo la libertad de prensa, "sino también la democracia", tendencia acorde con su posición en el Índice Chapultepec 2022 sobre libertad de prensa, que sitúa al país como el cuarto peor entre los 22 evaluados, después de Nicaragua, Cuba y Venezuela. 

La SIP pidió que se dejen de utilizar "netcenters" -centros de troles informáticos- con el objetivo atacar la credibilidad del periodismo en redes sociales y cesen sus presiones sobre los comunicadores para que revelen sus fuentes cuando denuncian temas de corrupción en esa nación. 

Los delegados de la entidad con sede en Miami exhortaron al Gobierno de Guatemala a que no limite las fuentes y dé amplio acceso a la información. 

Exigieron también que se investiguen los casos de agresiones y crímenes contra periodistas que permanecen impunes. 

La SIP pidió que el Gobierno no discrimine a los medios y no presione a empresarios para que retiren publicidad en medios críticos e independientes. 

Respeto al caso de José Rubén Zamora, la SIP indicó que las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron para armar el caso generan la preocupación de que en el futuro se intenten montar procesos contra otros periodistas que investigan al poder. 

Los delegados de la SIP advirtieron que hasta ahora la Justicia de Guatemala ha obviado "las múltiples anomalías que se registraron en la etapa de instrucción de la causa". 

 

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"Si la Justicia no actúa con independencia y solo es instrumento de otros poderes, se terminará induciendo autocensura en otros medios y periodistas que investiguen al poder", dijeron. 

La organización denunció el aumento de la criminalización y judicialización a periodistas y medios, además del temor por la seguridad física ante amenazas a quienes denuncian el avance del crimen organizado, debido a la connivencia de delincuentes ligados al narcotráfico con autoridades locales y fuerzas policiales. 

En encuentros con funcionarios del órgano ejecutivo y del Ministerio Público fiscal, "expusimos el crítico panorama que recogimos de parte de periodistas y directivos de medios", dijo Greenspon, que es director global de Licencias e Innovación de Impresión, The New York Times Company, Estados Unidos. 

La SIP reiteró el compromiso de exigir a las autoridades que se respeten todas las condiciones para un debido proceso. 

La SIP aclaró que "no llegó a Guatemala a hacer política", como acusó a la organización el abogado Raúl Falla Ovalle, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), durante la audiencia judicial por el caso de Zamora. 

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Respecto de este asunto, la organización recibió informes pormenorizados de parte de integrantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y de la fiscal general Consuelo Porras y su equipo de colaboradores. 

Los delegados de la SIP se reunieron con Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente de Guatemala, y María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República, entre otras autoridades. 

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