Los derechos de las mujeres, en retroceso por el avance de la ultraderecha

 El avance de las políticas de ultraderecha en países de todo el mundo está suponiendo un importante retroceso de los derechos fundamentales de mujeres y niñas, con un ataque directo a su autonomía y libertad.

Este 8M, Día Internacional de las Mujeres, Efeminista recorre el mundo para mostrar las consecuencias que el avance registrado en los últimos años de esas políticas antifeministas está teniendo para la mitad de la población de países como EE.UU., Argentina, Nicaragua, Honduras, entre otros.

Países que se unen a otros muchos como Afganistán, Irán, India, Siria, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua donde, al margen de esa ola reaccionaria y del avance de las corrientes antifeministas y neoconservadoras, las mujeres carecen de los derechos más elementales o éstos son cercenados de manera impune ante los ojos del resto del mundo.

Este 8M, víctimas de esas políticas, activistas y expertas de organizaciones internacionales como Planned Parenthood Federation of America, Amnistía Internacional (AI), el Centro de Derechos Reproductivos, Mi voz Mi decisión, Colectivo Alejandría, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador o Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Argentina, explican a Efeminista su auge y sus consecuencias para mujeres y niñas de todo el mundo.

Objetivos: Aborto, violencia de género, migrantes y personas LGBTIQ+

Y es que uno de los principales objetivos de la ultraderecha es su política contra el aborto, atacando de manera constante el derecho a la interrupción del embarazo y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de niñas y mujeres.

Negar la violencia de género es otra de las estrategias de su discurso. Con la extrema derecha, se desmantelan políticas de protección y se limitan o eliminan los fondos destinados a casas de acogida y programas de apoyo a víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, mientras que las denuncias de acoso sexual son desacreditadas, lo que favorece la impunidad de los agresores.

Al mismo tiempo, se refuerzan los estereotipos de género que relegan a las mujeres a roles tradicionales de madres y cuidadoras, limitando su acceso a la independencia económica y a la vida pública, y dando lugar a la perpetuación de la brecha salarial y la invisibilización de las mujeres en cargos de poder y toma de decisiones.

Las personas migrantes y LGBTIQ+ también son víctimas de estas políticas regresivas. Los discursos racistas y homófobos de estos grupos políticos hacen aumentar los actos de odio hacia estos colectivos que, además, ven cómo se niegan algunos de sus derechos fundamentales, mientras que los recortes en servicios sociales aumentan su precarización y vulnerabilidad.

El aborto en Estados Unidos, el inicio del retroceso de otros derechos

Estados Unidos es el ejemplo más evidente de un país donde los derechos de las mujeres y de la población LGTBIQ+, que parecían consolidados, se han ido cercenando en los últimos años empujados por el avance de los discursos negacionistas y ultraconservadores y, recientemente, por la llegada nuevamente al poder de Donald Trump y de su vicepresidente J.D. Vance.

El derecho más afectado, sin duda, es el del aborto, cuya protección constitucional se vino abajo cincuenta años después de su aprobación, cuando el Tribunal Supremo revocó, en junio de 2022, la sentencia conocida como 'Roe versus Wade'.

Tras esa decisión, que tuvo lugar durante el gobierno del demócrata Joe Biden debido al apoyo de tres jueces designados por Trump en su anterior mandato, el aborto se ha prohibido en doce de los cincuenta estados. En otra veintena hay restricciones que van desde las 6 hasta las 23 semanas de gestación, o solo se puede acceder bajo causales, según reportes del Instituto Guttmacher.

"Estamos en una etapa de confusión, de caos, hasta cierto punto en un limbo, y atravesando una crisis de salud pública en materia de salud sexual y reproductiva", describe a Efeminista la directora de comunicaciones y medios latinos de Planned Parenthood Federation of America (PPFA), Alejandra Soto.

Gabby vive en Florida, donde el aborto está prohibido desde la sexta semana de gestación, y es una de las tantas personas que ha vivido en carne propia las restricciones a este derecho. Cuenta a Efeminista que quedó embarazada porque su anticonceptivo falló después de que entró en vigor la legislación y aunque en un principio tenía claro que no quería tener otro hijo tampoco tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre ello pues el tiempo se le vino encima.

"Florida es muy estricta con las leyes sobre el aborto. Hemos escuchado muchas conversaciones sobre la criminalización y el estado incluso llegó a atacar la campaña de la Enmienda 4 (que habría consagrado el aborto en la constitución). Muchas personas tienen miedo y han adoptado métodos inseguros para proteger su privacidad de la legislación", explica.

Las restricciones se ceban con las más pobres, racializadas y migrantes

La vocera de PPFA dice que el país está "fracturado" por las políticas de aborto, ya que sus restricciones terminan afectando a las mujeres más pobres, a las racializadas y a las migrantes, quienes no pueden permitirse viajar miles de kilómetros hacia otros estados donde la interrupción del embarazo es legal.

Esta fracturación, dice Soto, crea una gran "confusión" en las mujeres y aumenta el "estigma" ya que, explica, no hay ninguna razón médica para que el límite de semanas de gestación para abortar varíe en función del estado en el que se viva. Y sostiene que una de las consecuencias de esta disparidad es que los médicos deban consultar continuamente a sus abogados sobre si pueden o no prestar atención médica a las mujeres.

"Se sienten atados de manos. ¿Cuándo se ha escuchado que un doctor tenga que hablar con su abogado para ver si le da o no un tratamiento a su paciente?", cuestiona.

Criminalizar un derecho

En Estados Unidos, la gran mayoría de los abortos (un 63 % según Guttmacher) se realizan con medicamentos. Sin embargo, precisa Soto, en algunos estados el personal sanitario y otras personas pueden ser perseguidas, criminalizadas o sancionadas por facilitar esas medicinas o ayudar a quienes quieren abortar.

Esa realidad puede empeorar y el ejemplo es el estado de Montana, donde se ha presentado un proyecto de ley para catalogar como delito grave que una embarazada residente se realice un aborto dentro o fuera del territorio estatal.

"Aunque este proyecto no se convierta en ley, da la idea a otros estados para adoptar una legislación similar. Todavía no se encarcela a la mujer embarazada, pero es parte de la estrategia y lo están intentando", asevera.

En 2023, más de 166.000 mujeres viajaron a otros estados para recibir atención médica relacionada con el aborto, el doble que en 2020.

"Patriarcado", "supremacía blanca" y ataque a la población LGBTIQ+

Para la directora de género, sexualidad e identidad de Amnistía Internacional (AI) Estados Unidos, Karla Gonzáles, las restricciones al aborto y a otros derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ son parte de una agenda "mucho más amplia" y "mundial" que la ultraderecha está implementado desde hace años y que tiene su origen en "el patriarcado" y la "supremacía blanca".

"No es algo que ha sucedido de la noche a la mañana y ahora con Trump se ha multiplicado y está atacando a los programas o las iniciativas de diversidad, inclusión y equidad”, explica.

Según el último informe de AI sobre derechos humanos, en 2023 en Estados Unidos se aprobaron 84 proyectos de ley "anti-LGBTI", lo que cuadruplica la cifra de 2022, normativas cuyo objetivo era limitar o eliminar los derechos de las personas LGBTIQ+.

Con la vuelta de Trump ese escenario puede ir a peor, especialmente después de que decretase que el Gobierno federal "sólo reconocería dos sexos, masculino y femenino". Semanas después, Human Rights Watch (HRW) alertó de que la administración estaba retirando la financiación y apoyos federales a los procedimientos de atención sanitaria de las personas trans.

Las víctimas de violencia de género también se han visto afectadas por estas políticas tras congelarse los fondos destinados a programas internacionales para la lucha contra esta violencia y a refugios de mujeres supervivientes, añade Gonzáles.

"Casi un millón de mujeres ya no van a tener acceso a programas y servicios" para víctimas de violencia de género, indica.

Latinoamérica, derechos en peligro en países con gobiernos de derecha y de izquierda

En Latinoamérica la arremetida ultraconservadora contra los derechos de las mujeres y la población LGBTIQ+ ha golpeado con fuerza a Argentina, de la mano del presidente de extrema derecha Javier Milei; y a Centroamérica, donde mandatarios como Nayib Bukele, en El Salvador, han radicalizado sus discursos.

Después de haber logrado avances fundamentales como la legalización del aborto en 2020, la ley de cupo laboral travesti-trans y la implementación del DNI no binario, entre otros, Argentina atraviesa hoy un contexto "regresivo" que pone "en riesgo" estas conquistas, dice a Efeminista la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

El gobierno de Milei y el desmantelamiento de los derechos de las mujeres

El gobierno de Milei -explica- "desmanteló" instituciones, entre ellas el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y "recortó en asistencia y políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia de género", como la Línea 144, destinada históricamente a atender llamadas de víctimas de violencia de género y transformada ahora en un servicio general de atención a la violencia, "desconociendo la especificidad de la problemática estructural".

En 2024, se registraron 252 femicidios, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un 8 % más que en 2022. El anuncio de Milei de eliminar este delito del código penal implica, según AI, "invisibilizar una realidad que se sigue cobrando vidas".

Con la llegada del ultraconservador al poder, también se ha registrado un "notable aumento" de las barreras de acceso al aborto, uno de los mayores logros del feminismo argentino. Según IA, en 2024 las consultas sobre obstáculos para interrumpir un embarazo crecieron un 275 % respecto al año anterior.

"Estamos en una situación de crisis total en la medicación abortiva y anticonceptiva porque el año pasado se entregaron las últimas medicaciones y para 2025 no hay planificación", advierte a Efeminista la doctora Julia Bazán, médica de familia de un hospital público en la provincia de Buenos Aires.

"Se vuelve a exponer a las mujeres a los abortos inseguros" con la compra de pastillas por Internet que provocan hemorragias e infecciones, advierte.

El discurso antifeminista de Milei también apunta a las personas LGTBI: "Les niega el derecho a la identidad de género" y "las estigmatiza", dice Belski. Ante este escenario, Jenny Durán, activista feminista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, valora que los feminismos ya hablen de "fascismo" para referirse a la negación de los derechos de la mitad de la población.

Derechos estancados en Honduras, Guatemala o Nicaragua

Además, en países como Honduras, Guatemala o Nicaragua, donde sus gobernantes se han identificado como políticos de izquierda, los derechos de las mujeres, especialmente los reproductivos, siguen anclados en el siglo pasado y las tasas de feminicidios, violencia física y sexual y de embarazos infantiles son alarmantes.

La vicepresidenta para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, explica a Efeminista que pese a los avances legislativos que experimentó Colombia hace tres años cuando despenalizó el aborto hasta la semana 24, o los registrados en México, donde cada vez más estados legalizan la práctica, todavía hay países donde se mantienen prohibiciones totales con "un impacto terrible en la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas".

Cuatro de los diez países del mundo con las penas más severas sobre el aborto están en Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Además Guatemala, Costa Rica y Panamá no aplican las leyes que permiten abortar por motivos de salud, riesgo de muerte o violación.

La violencia sexual es "generalizada y sistémica"

En Guatemala, por ejemplo, la violencia sexual es "generalizada y sistémica", según ha documentado HRW. Producto de esas violaciones, miles de niñas quedan embarazadas cada año y son forzadas a una maternidad no deseada ante la imposibilidad de acceder a un aborto, lo que trunca su futuro y su vida.

En Honduras, organizaciones feministas constataron que, en 2024, el 76 % de las víctimas de violencia sexual eran niñas y en el 77 % de los casos el agresor era un familiar o una persona conocida por la menor. Más del 90 % de esos delitos continuaban impunes por la lentitud de las investigaciones.

Mientras que en Nicaragua, la violencia sexual contra niñas y adolescentes es una de las más graves de la región. En 2018, según cifras de IPAS, el 41 % de los peritajes médico-legales por violencia sexual se realizaron en niñas y niños de entre 0 y 12 años y el 40 % en adolescentes de entre 13 y 17 años. El 99 % de las víctimas eran mujeres.

"Creo que la razón fundamental por la cual no se avanza es porque seguimos viviendo en unas sociedades patriarcales, donde la norma que rige es la que escribieron los hombres y, cuando digo la norma, no hablo solamente de la legal, sino también de la social y cultural", dice Martínez.

Niñas y maternidades forzadas

La violencia sexual "se ha normalizado de una forma muy brutal en la sociedad", hasta el punto de que "muchas veces no es percibida como tal o es justificada". Por lo que Martínez urge a combatir lo "cultural y lo social" para poder avanzar en lo legal.

Con la campaña Niñas no madres, el Comité y otras organizaciones lograron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenara a Nicaragua y Ecuador por el caso de tres niñas a quienes, tras ser violadas y quedar embarazadas, no se les permitió abortar, y les ordenó despenalizar la práctica.

Sin embargo, la implementación de este fallo no será posible por el momento en Nicaragua, ante la negativa del Gobierno de Daniel Ortega de "cumplir con los derechos humanos", lamenta Martínez.

Y muestra su preocupación porque "perfiles que no vienen desde el mundo de los derechos humanos" estén llegando a instancias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya han comenzado a instalar discursos en contra del avance en derechos, entre ellos los sexuales y reproductivos.

Negación de las personas trans en El Salvador

La activista trans salvadoreña y directora del Colectivo Alejandría, Karla Guevara, hace seis años que pelea por conseguir su cambio de nombre oficial. En El Salvador no existe una ley de identidad de género, por lo que emprendió un proceso en los juzgados de familia de San Salvador, su ciudad natal.

"Luego de tres años de un proceso difícil, revictimizante y discriminador, el juzgado accedió al cambio de nombre y género de mis documentos de identidad", explica a Efeminista.

Sin embargo, y "a pesar de contar con una sentencia judicial que lo dictamina", la alcaldía de la ciudad, del mismo partido que el Gobierno de Bukele, se opuso a expedirle una nueva partida de nacimiento con su nuevo nombre y género.

Aunque denunció por "incumplimiento de sentencia judicial", su caso no prosperó porque el Estado recurrió al Tribunal Constitucional salvadoreño y ahora está en "un limbo jurídico".

"Hay una persecución política para atacarme y han bloqueado el cambio de mi nombre y género como un revanchismo político también", acusa Guevara.

Rechazo a la educación sexual

La líder de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, Morena Herrera, asegura a Efeminista que el Gobierno de su país "está reaccionando a los avances de los derechos de las mujeres que se han ido construyendo después de la guerra".

Ha frenado políticas de educación sexual –"que ni siquiera bajo el alero del FMLN se incorporaron de forma eficaz", critica– y de formación de policías con perspectiva de género y, en 2024, el Gobierno eliminó los lineamientos de atención para personas LGBTIQ+ en centros de salud y prohibió que las instituciones estatales se refirieran al acrónimo LGBTIQ+.