El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no puede abandonar el país desde hoy y espera por unas decisiones judiciales que puedan impedir su encarcelamiento, tras ser condenado a doce años de reclusión por corrupción.
A través de sus abogados, Lula entregó hoy en un tribunal de Sao Paulo su pasaporte, en cumplimiento de una orden dictada por un juez de Brasilia que alertó sobre la posibilidad de que el expresidente no volviera al país tras un viaje que tenía planeado hacer hoy a Etiopía.
Lula iba a participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Adis Abeba, en el marco de una Cumbre de la Unión Africana.
Sin embargo, después de que el pasado miércoles un tribunal de segunda instancia ratificó y amplió de nueve a doce años la pena dictada contra Lula por un juez inferior, una corte de Brasilia prohibió que el expresidente abandone el país.
Lamentamos que Lula no pueda compartir en persona su valiosa experiencia en la lucha contra el hambre en la cumbre de Etiopía. El evento del sábado con jefes de Naciones Unidas y la Unión Africana y otros es una gran oportunidad para hablar de progreso del Hambre en África, señaló Enrique Yeves, portavoz de la FAO en una reacción divulgada hoy a través de Twitter.
En su decisión, el juez Ricardo Leite, responsable de otra de las seis causas penales que todavía enfrenta Lula, argumentó que es público que algunos aliados políticos del expresidente, que buscan politizar los procesos judiciales, han pensado hasta en un eventual pedido de asilo en otro país.
A pesar de su cada vez más complicada situación jurídica, y en un paso más de la defensa política de su fundador y máximo líder, el Partido de los Trabajadores (PT) ratificó este jueves a Lula como su candidato a presidente para las elecciones de octubre próximo.
El futuro de esa proclamación, sin embargo, está en manos de los tribunales, debido a una que una ley sancionada en 2010 por el propio Lula prohíbe expresamente que una persona que ha sido condenada en segunda instancia postule a un cargo electivo.
La posible impugnación de la candidatura de Lula, no obstante, solo puede ocurrir a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de candidatos en el Tribunal Superior Electoral, que tendrá la última palabra sobre ese asunto.
Más allá de la posibilidad de que su candidatura sea rechazada, Lula también corre el riesgo de que el tribunal de segunda instancia que ratificó su condena decida ejecutar la pena una vez agotadas las apelaciones que su defensa puede presentar ante esa misma corte.
Si esas apelaciones fueran rechazadas, Lula aún tendría derecho a recurrir ante tribunales superiores, lo cual podría postergar una eventual decisión de enviarle a prisión.
No obstante, una decisión cautelar adoptada en 2016 por la Corte Suprema determinó que una pena dictada por un tribunal de segunda instancia puede comenzar a ser ejecutada una vez que se agoten los recursos en esa misma fase del proceso.
Hasta hoy, el Supremo no le ha dado un carácter definitivo a esa cautelar, que según fuentes judiciales se propone examinar otra vez en las próximas semanas a fin de despejar el panorama jurídico antes de que se decida sobre un eventual encarcelamiento de Lula.
El PT, al proclamarlo candidato presidencial, volvió a rechazar el proceso, insistió en que Lula es víctima de un juicio político en el que no hay pruebas e instó a su militancia a salir a las calles para defender a su líder, que encabeza hasta ahora todas las encuestas de opinión de cara a las elecciones de octubre.
Sin embargo, tras una manifestación que congregó a unas 50.000 personas en Sao Paulo el miércoles, después de que se ratificó su condena, las calles han estado ocupadas solamente por gente que ha comenzado a anticipar las fiestas del Carnaval, a las que los brasileños se entregan con mucha más pasión que a la política.
