Noriega, Maduro y otros mandatarios que terminaron procesados en EE. UU.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, recordó hoy la acusación formal que desde 2020 pesa en su país sobre Nicolás Maduro por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, y ha incluido también en esa imputación a la primera dama, Cilia Flores, capturada junto a su marido en una operación especial este sábado.
El caso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos anunció hoy que juzgará tras su captura este sábado en Caracas evoca los precedentes de mandatarios y exmandatarios procesados por la justicia estadounidense, como el panameño Manuel Antonio Noriega, el guatemalteco Alfonso Portillo y el hondureño Juan Orlando Hernández.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, recordó hoy la acusación formal que desde 2020 pesa en su país sobre Nicolás Maduro por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo, y ha incluido también en esa imputación a la primera dama, Cilia Flores, capturada junto a su marido en una operación especial este sábado.
Manuel Antonio Noriega, hombre fuerte de Panamá y jefe de facto del país entre 1983 y 1989, fue una figura polémica tras erigirse jefe de las Fuerzas de Defensa. Durante años mantuvo una relación ambigua con Estados Unidos, colaborando con agencias de inteligencia mientras consolidaba un régimen autoritario marcado por la censura, la represión política y denuncias de corrupción.
A finales de la década de 1980, Noriega fue acusado por tribunales estadounidenses de narcotráfico y lavado de dinero, lo que deterioró definitivamente sus relaciones internacionales. En 1989, Estados Unidos lanzó la invasión a Panamá conocida como “Operación Causa Justa”, que provocó su captura en 1990.
Noriega fue juzgado y condenado en Estados Unidos, y posteriormente enfrentó procesos judiciales en Francia y Panamá, convirtiéndose en una de las figuras más controvertidas de la historia política panameña.
El guatemalteco Alfonso Portillo fue presidente entre 2000 y 2004 y su Gobierno estuvo marcado por múltiples escándalos de corrupción. Tras dejar el cargo, fue acusado de malversar millones de dólares de fondos públicos, incluyendo el desvío de dinero del Ministerio de la Defensa.
En 2008 Portillo fue extraditado a México por diversos cargos, y más tarde a Estados Unidos, donde fue juzgado por lavado de dinero relacionado con fondos robados al Estado guatemalteco.
Seis años después ante un tribunal federal en Nueva York se declaró culpable de lavar dinero y fue enviado a prisión. Tras cumplir la sentencia, regresó a Guatemala.
Juan Orlando Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Al concluir su mandato, fue acusado por la Justicia de Estados Unidos de conspirar para el tráfico de drogas, posesión de armas y vínculos con organizaciones criminales.
Según las investigaciones, durante años había estado vinculado al narcotráfico a cambio de sobornos millonarios, utilizando fuerzas de seguridad del Estado para facilitar el envío de cocaína hacia EE.UU.
En 2022, Hernández fue arrestado en Honduras y posteriormente extraditado a Estados Unidos. En 2024, un tribunal federal de Nueva York lo declaró culpable de cargos relacionados con narcotráfico y uso de armas, y condenado a 45 años de prisión. En diciembre del pasado año fue puesto en libertad merced un indulto del presidente Donald Trump.
Un antecesor de Hernández en la Presidencia de Honduras fue Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), quien fue procesado en EE.UU. tras entregarse a las autoridades estadounidenses por corrupción en el fútbol en un escándalo relacionado con la FIFA.
Debido a su delicado estado de salud, en 2020 un tribunal de Nueva York lo condenó a tiempo cumplido, tras considerar el período que pasó detenido de forma preventiva.
Además de ellos, el expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) litigó en EE.UU. para evitar la extradición a su país bajo acusaciones de soborno, en especial de la empresa brasileña Odebrecht.
Sin embargo, en 2023, Estados Unidos aprobó su extradición a Perú y un año después fue sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por aceptar sobornos de Odebrecht y en septiembre de 2025 sumó una segunda condena de 13 años y 4 meses de prisión por un caso de lavado de dinero.
Ambas penas son cumplidas de forma concurrente, esto es, al mismo tiempo, por lo que su tiempo efectivo de prisión será de algo más de dos décadas.