La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responabilizó hoy a la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, y al gobernador del estado Carabobo (centro), Rafael Lacava, por la muerte de casi 70 reos cuando en marzo pasado se incendiaron los calabozos de una comisaría de esa región.
"Después de toda esta investigación (...) hemos determinado que representantes del Estado son los responsables de este homicidio por acción y por omisión hay responsabilidad del gobernador del estado Carabobo, un tal (Rafael) Lacava y la ministra de asuntos penitenciarios", dijo el director del OVP, Humberto Prado.
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Prado, que se encontraba acompañado de varios familiares de los fallecidos presentando un informe sobre lo sucedido, señaló que muchos de los presos no debían encontrarse en ese lugar debido a que tenían que haber sido trasladados a cárceles porque ya estaban condenados, y según dijo, eso es responsabilidad del Estado.
El director del OVP señaló asimismo que no son 68 muertes como aseguró la Fiscalía sino 69, pues en días posteriores murió una persona más como consecuencia de este hecho.
Denunció también una dilación en el caso de los funcionarios imputados por el suceso, debido a que aseguró que la audiencia ha sido diferida en cinco oportunidades.
"Hoy se están cumpliendo más de siete meses de esos hechos y hasta la presente fecha lo que tenemos son cinco personas imputadas", dijo Prado al tiempo que señaló que los familiares aún se encuentran esperando justicia y que se impute a un funcionario de nombre José Aldana que aseguran disparó contra los reos.
La situación generó mucha molestia
En el informe el OVP relata el testimonio de 21 familiares de los fallecidos en el evento que califican de "masacre", pues indican que la policía inició el hecho cuando "le quitaron la vida a una mujer" que presuntamente estaba embarazada, aunque la Fiscalía ha negado que hubiese una dama en estado de gestación.
Según realatan en un vídeo dos personas no identificadas que aseguran ser sobrevivientes del suceso y que señalan que pagaron para estar en libertad, los hechos empezaron cuando los policías intentaron hacer una requisa dentro de los calabozos donde habían dos mujeres visitantes y las hirieron con perdigones.
"Esta es una de las masacres más violentas que ha habido en Venezuela (...) se trata de que le cerraron la puerta para asesinar a 69 presos", dijo Prado tras presentar el vídeo en rueda de prensa.
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Prado señaló también que hoy enviarían el informe -que consta de 80 paginas con imágenes, fotos, 21 entrevistas a familiares, la lista de los 69 fallecidos, artículos de prensa- a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque asegura "no hay una investigación" sino una imputación.
El OVP además pidió al Estado una "investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los hechos", que permita una "exhumación de los cadáveres" y autopsias por organismos ajenos a entes gubernamentales, que se investigue al funcionario Aldana, y que se indemnice a los familiares por los daños morales y materiales.
Los familiares denunciaron además haber sufrido supuestas amenazas por parte de funcionarios policiales para que no ofrezcan testimonios, pues muchos de ellos se encontraban a las afueras de la comisaría cuando sucedió el incendio.
