La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Puerto Rico, y tres ciudadanos solicitaron este domingo al Tribunal de Primera Instancia que declare inconstitucional parte de la orden ejecutiva de la gobernadora, Wanda Vázquez, que impone un toque de queda y otras medidas para frenar la propagación del COVID-19.
El total de personas fallecidas por el coronavirus en Puerto Rico se elevó a 20 mientras que el total de positivos ha aumentado a 475, según los datos difundidos este domingo.
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ORDEN DE TOQUE DE QUEDA INFRINGE DERECHO A LA INTIMIDAD
La orden de la gobernadora, de acuerdo con un comunicado de la organización por los derechos humanos ACLU, infringe "el derecho a la intimidad en sus hogares según garantiza la Constitución".
En específico, solicita que se declare inconstitucional la parte de la orden ejecutiva 2020-029 que pretende castigar con hasta seis meses de cárcel las infracciones a la regulación, la que pretende prohibir el acceso a los hogares de personas que no son parte del "núcleo familiar" y la orden que favorece actividades religiosas los domingos, mientras prohíbe las actividades comerciales permitidas el resto de la semana.
Asimismo, los tres ciudadanos, quienes tienen a cargo el cuidado de madres con necesidades de salud especiales, también solicitan que la orden ejecutiva se enmiende para que quede claro que ellos están exentos del toque de queda y las restricciones en el tránsito en lo que a los viajes a las residencias de sus seres queridos se refiere.
Además, reclaman que se imparta instrucciones precisas a la Policía y las Fiscalías sobre la existencia de esta excepción.
Las solicitudes de declaración de inconstitucionalidad y de enmiendas a la orden ejecutiva están contenidas en una demanda presentada electrónicamente ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
Están demandados en la acción judicial la gobernadora, el Estado Libre Asociado (ELA) y la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, en representación de la gobernadora y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Junto a la ACLU demandaron la gestora cultural Nindra C. Cordero Ulmo, el planificador urbano Pedro Colón y el profesor Mario Santana.
Las madres de los tres co-demandantes son adultos mayores y tienen problemas de salud que requieren cuidados especiales que solamente ellos les están dando y que requieren visitarlas todos los días, incluso de noche.
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BAJO PREMISA DE PROTEGER SALUD NO SE PUEDE HACER LO PROHIBIDO
Los demandantes indicaron en su demanda que reconocen la necesidad de imponer medidas de distanciamiento social para intentar frenar los contagios del coronavirus COVID-19 pero, indicaron, que el Gobierno, "bajo el argumento de proteger la salud de los ciudadanos, no puede hacer lo que la Constitución de Puerto Rico prohíbe, ni puede prohibir lo que la misma permite", señalan en la demanda.
La ACLU, por último, señala que "aquí no se ha declarado una Ley Marcial, y no existen las circunstancias para ello; por tanto, los estados de emergencia no pueden ser utilizados para suspender derechos fundamentales". EFE
