Putin decreta secreto de Estado datos sobre bajas militares en tiempos de paz

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, emitió hoy un decreto por el que se establece que los datos de bajas militares en operaciones especiales en tiempos de paz constituyen secreto de Estado. La disposición entró en vigor hoy mismo e introduce enmiendas en la ley que establece las materias que conforman secreto de Estado. "El decreto presidencial es una reacción natural a los cambios de la situación en el mundo", declaró el diputado oficialista Franz Klintsévich, número dos del Comité de Defensa de la Duma, la Cámara baja del Parlamento ruso. El legislador explicó que ofrecer información sobre el número de bajas durante una operación especial significa "revelar el carácter de la misma y las fuerzas que en ella participan, lo cual no es conveniente". Agregó que entre las amenazas evidentes a la seguridad nacional de Rusia se encuentran la propagación del grupo yihadista Estado Islámico y "las acciones de los militares ucranianos en el centro de Europa que prometen llevar la guerra a Rusia". "La situación en el mundo es tan inestable que puede estallar en cualquier parte, y nosotros debemos, en la medida de lo posible, estar preparados para adelantarnos a esas amenazas, incluso mediante operaciones especiales", declaró el diputado. Según el periodista Alexandr Golts, experto en temas militares, el decreto presidencial es "un nuevo intento de acallar a todos aquellos que se preguntan si Rusia libra una guerra en Ucrania". De acuerdo con datos reunidos por Borís Nemtsov, el líder opositor ruso asesinado en febrero pasado, centenares de efectivos de las Fuerzas Armadas de Rusia ha muerto en combate en el este de Ucrania, extremo negado terminantemente por Moscú. El periódico digital Gazeta.ru subraya que si antes el Ministerio de Defensa podía ignorar cualquier solicitud de información sobre las bajas militares, ahora aquellos que intenten establecerlas corren el riesgo de ser perseguidos por la Justicia. Según el Código Penal ruso, la revelación de secretos de Estado se castiga con hasta cuatro años de prisión y con hasta veinte si esa información es entregada a otros países.