Santos actúa para que se investiguen pagos de Odebrecht

 El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dio hoy instrucciones destinadas a que puedan ser investigados los ingresos ilegales de su campaña electoral en 2010 mediante la anulación de su prescripción. El presidente colombiano pidió hoy a su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que consulte al Consejo Nacional Electoral (CNE) la posibilidad de levantar la prescripción que pesa sobre las cuentas de su campaña electoral de 2010, después de conocerse que Odebrecht aportó dinero a la misma. “Le he pedido al Ministro del Interior que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si la campaña del 2010, todas las cuentas ya están caducas, y si se puede levantar esa caducidad“, dijo Santos luego de dar posesión al nuevo codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández. El objetivo del gobernante, según dijo, es “que todo quede aclarado a la mayor brevedad posible“. Esa contribución de la constructora brasileña fue empleada para comprar carteles electorales y fue revelada por el empresario Roberto Prieto, quien trabajó en la campaña presidencial de Santos en 2010 y dirigió la de su reelección en 2014. Prieto fue vinculado al escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia por el exsenador Otto Bula, detenido el mes pasado, quien en una declaración ante la Fiscalía dijo que de los 4,6 millones de dólares que recibió como coimas de la constructora, un millón de dólares tenía como destino al gerente de la campaña para la reelección de Santos en 2014, algo que éste niega rotundamente. La Fiscalía colombiana también pudo verificar que Odebrecht firmó un contrato el pasado 2 de febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares para llevar a cabo una encuesta de opinión “con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos.” En este sentido, Santos destacó hoy que solicitó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que haga la consulta al CNE acerca de la posibilidad de levantar la prescripción sobre el caso de las cuentas de 2010.