Aprehenden a tres sirios presuntamente vinculados a secuestro de dos palestinos
En las próximas horas los tres aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías.
Una fuente de la Policía Nacional y el Ministerio Público confirmó este sábado que durante tres diligencias de allanamientos, dos de ellas en Boquerón y una en David, se logró aprehender a tres extranjeros de nacionalidad sirio los cuales están presuntamente vinculados al secuestro de los Palestinos Ciad Shaker Abu Awad y Monir Ibarah ocurrido en horas de la madrugada del uno de octubre y posterior liberación a las 9:00 de la noche del mismo día.
Los aprehendidos de 31, 25 y 34 años fueron aprehendidos mediante orden del Ministerio Público al considerar que hay suficientes elementos que los vinculan al delito de privación de libertad en la modalidad de secuestro y Contra el Patrimonio económico (robo agravado) en perjuicio de ambos comerciantes residentes en Chiriquí.
Se espera que en las próximas horas los tres aprehendidos sean llevados ante un juez de garantías para legalizar la aprehensión, formulación de cargos y medida cautelar.
Mientras que este sábado se realizó en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses una diligencia de inspección a celulares que le fueron incautados durante el allanamiento y aprehensión de Laid Said de 36 años a quien ya se le formularon cargos y está detenido en la cárcel de varones.
En la diligencia también participaron Leni Carlos Martínez Madrid, de 41 años y Alvín Gutiérrez de 22 años y exagente de la Policía Nacional; estos tres últimos detenidos en la cárcel de varones y a quien el Ministerio Público ya les formuló cargos durante una audiencia de garantías.
Las investigaciones por el secuestro de los empresarios palestinos que residen en Chiriquí los adelanta la fiscal Yaisa Morales, quien sustenta que el móvil del secuestro fue la petición de un millón de dólares a cambio de la liberación de los comerciantes a sus familiares, dinero el cual no se pago.
Los hechos
La funcionaria relató durante los hechos de formulación de cargos que ambos empresarios fueron privados de su libertad se da en horas de la madrugada al momento que llegan al parque Manuel Amador Guerrero, cuando se detienen en el auto Ram color gris de Ciad y Monir baja para abordar su auto y fue en ese momento cuando fueron privados de su libertad bajo amenaza con un arma blanca y otra de fuego, despojándolos de la ropa, tapándoles la vista con esas mismas vestimentas, subiéndolos a otro auto en el que fueron trasladados a otro lugar, en donde los mantuvieron durante las primeras horas con agua y pan; y luego le dieron comida.
Posteriormente y después de insistir a los familiares el pago del millón de dólares para dejarlos en libertad, los plagiadores deciden dejarlos en libertad, procediendo a ponerles un suncho a los dos juntos y obligándolos a contar hasta 200, una vez contados deciden quitarse la ropa que le tapaban los ojos y salen corriendo y se percatan que están en el sector de Gariche en la vía interamericana donde son auxiliados por el señor Anel Gabriel Gómez conductor del bus de la ruta David- frontera entregándolos en el retén ubicado en Santa Marta en el distrito de Bugaba.
A los tres aprehendidos a los que se legalizaron sus aprehensiones se les vincula por las llamadas telefónicas que se efectuaron para pedir el rescate del dinero y por el intercambio de llamadas que se dieron entre ellos para el uno y dos de octubre asegura la fiscal Moreno.
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Durante la audiencia le correspondió a la fiscal Esperanza Montenegro de la fiscalía del crimen organizado legalizar tres solicitudes de incautación de datos de 12 números telefónicos aproximadamente a tres empresas de telefonía celular; además de lograr que la juez le legalizara el allanamiento excepcional efectuado en la barriada Loma Colorada en David, donde se aprehendió a Alvin Isaac Gutiérrez, ya que al momento que se allanó la casa de su mamá este no estaba.
Finalmente la juez de garantías legalizó la detención preventiva de los tres aprehendidos solicitado por el Ministerio Público y dio un plazo de seis meses para que se investigue la causa.