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Autoridades de salud le caen a establecimientos comerciales

Al menos la mitad de estos establecimientos presentaron deficiencias, por lo que fueron cerrados temporalmente.

Thays Domínguez
Unos 12 locales comerciales han recibido sanciones en la provincia de Herrera -entre ellas actas de cierre temporal- por incumplimiento a las normas sanitarias vigentes, lo que va en detrimento de la salud de los consumidores, que durante el mes de diciembre abarrotan los sitios y puntos de ventas. A través de operativos de salud pública realizados por las autoridades de salud de la región, se ha logrado  visitar un total de 26 establecimientos de interés sanitarios, en los distritos herreranos de Pesé, Ocú y Santa María. Lea más Cierran local de comida por falta de higiene en BethaniaLea Más Cierran bar en San Miguelito por falta de aseoLea Más Cierran temporalmente local de frutas en ChanisLea Más Cierran negocio, tras operativoLea Más MINSA cierra temporalmente distribuidora de productos médico- quirúrgico Según las propias autoridades, al menos la mitad de estos establecimientos presentaron deficiencias, por lo que fueron cerrados temporalmente, y sancionados con multas que van desde los 500 hasta los mil balboas. El jefe de Salud Pública en la provincia, Marcos Castillo, explicó que el operativo, dirigido principalmente a materia ambiental, busca ordenar y hacer cumplir las normas sanitarias vigentes. Castillo indicó que en estos operativos participa todo el componente de control de vectores, saneamiento ambiental, protección de alimentos y zoonosis, asesoría legal, que además incluyen la promoción y prevención de enfermedades como también ese llamado de atención para que las personas cooperen con la limpieza de sus negocios y entorno comunitario. Castillo añadió que en este proceso también se pudo desarticular un grupo de personas que falsificaba los documentos de manipulador de alimentos y que los mismos ya están a órdenes de las autoridades competentes. Se trató de una investigación importante, que permitió comprobar que los certificados fraudulentos eran vendidos a precios sumamente altos -hasta 200 balboas- a personas interesadas en obtenerlos para realizar negocios de ventas de alimentos durante la época. Según Castillo, la investigación sigue su curso en coordinación con la Policía Nacional y el Ministerio Público, mientras que el Minsa se prepara para llevar a todos los distritos de la provincia los cursos y la orientación debida, para que las personas obtengan su certificado de forma legal.
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