La Defensoría del Pueblo inició desde el pasado 15 de febrero, junto a un equipo multidisciplinario inspecciones en 44 albergues de las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé Colón, Herrera, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas.
Entre los hallazgos encontrados por el equipo multidisciplinario de la Defensoría del Pueblo, se determinó que el 70% de estos albergues visitados no cuentan con personal idóneo (trabajo social, personal de salud, psicólogo, nutricionistas entre otros) de atención para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes de estos centros.
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Es importante destacar que la mayor parte del personal encargado de los albergues, hicieron énfasis en el poco seguimiento y acompañamiento por parte del SENNIAF, Juzgados de Familia, Ministerio Público y demás autoridades competentes en las gestiones y trámites pendientes, por lo que los niños y adolescentes llegan a la mayoría de edad y aún se mantienen en estos centros.
En cuanto preparación o capacitación previa del personal dedicado a cuidar a los niños, niñas y adolescentes, el informe preliminar revela que la Defensoría del Pueblo constató que no se reportó preparación al respecto, ni se les ha provisto de capacitaciones específicas para el desarrollo y buen desempeño de sus funciones al cuidado de esta población vulnerable.
De los 44 centros visitados a nivel nacional pudimos constatar que el 70% presentan notables deficiencias en sus infraestructuras, deterioro, filtraciones de agua, y se requiere adecuar las rampas existentes para la población con discapacidad.
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Otro de los hallazgos importantes que revela este informe preliminar, es que el acceso a la educación es limitado. La Defensoría del Pueblo pudo conocer por parte del personal de los albergues que el tema de la educación les resulta complejo, ya que los niños, niñas y adolescentes llegan sin la documentación requerida para ingresar al sistema educativo, o debido a que su ingreso no coincide con el período escolar.
En cuanto a la alimentación, durante las inspecciones, solo el 17% de los albergues visitados prepararon los alimentos para los niños acorde a requerimientos especiales, el resto de los centros no cuentan con apoyo de nutricionistas para la definición de un menú.
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Los albergues visitados cuentan con una población de 976 niños, niñas y adolescentes, en la cual se identificaron personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos y población migrante. Precisaron que en estos albergues la población con discapacidad es de 133, mientras que 14 corresponde a la población migrante. De igual forma, también se identificaron varones y mujeres adultas que se mantienen en estos centros debido a que no cuentan con alternativas familiares.
La Defensoría del Pueblo, en apego a las atribuciones que establece la Ley 7 de 5 de febrero de 1997 y garante del respeto y protección de los Derechos Humanos, basados en las observaciones recomendó al MIDES, SENNIAF, Policía Nacional de Niñez y Adolescencia realizar visitas de seguimientos permanente a los centros de cuidados o albergues a fin de garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales sobre los derechos que le asiste a esta población.
A su vez recomendó modificar el modelo de los albergues para la adecuada atención y reinserción de los Niños, Niñas y Adolescentes a la sociedad, que tanto el MIDES como el SENNIAF fortalezcan los mecanismos de seguimiento a la utilización de subsidios otorgados (incluyendo Beca Universal y Ángel Guardián), fortalecer los procesos dirigidos a regularizar y dar seguimiento a la situación de los albergues, así como agilizar los procesos para desinstitucionalizar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estos centros.
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A fin de garantizar la atención, protección, trato digno y cónsono a los Derechos Humanos, que el Estado disponga de nombramientos de personal idóneo para estos centros de cuidados y albergues.
Dicho informe señala que el SENNIAF, MIDES, MINSA, MEDUCA, IPHE y SENADIS, realicen de forma conjunto acciones puntales para garantizar derechos humanos de esta población, brindándoles, atención psicológica, pediátrica, supervisión y seguimiento al funcionamiento de los albergues, capacitación del personal con las herramientas necesarias y sobre derechos del niño/a, que el SENADIS otorgue la certificación de Discapacidad a la población que lo requiera, que el MEDUCA garantice el derecho a la educación y que el IPHE evalúe aquellos estudiantes que presenten alguna discapacidad intelectual.
Los hallazgos encontrados durante las visitas por personal de la Defensoría a estos albergues, serán entregados al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Procuraduría General de la Nación y a la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia(SENNIAF), señaló Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo.
