Concejales de la provincia de Panamá Oeste insistieron ante el viceministro de Gobierno Juan Francisco Borrell en la necesidad de habilitar más Casas de Paz, considerando que existen jueces que deben atender hasta cinco corregimientos.
Los ediles también sustentaron las condiciones de las estructuras y la falta de internet, lo cual dificulta el trabajo de los jueces de paz.
Este es el caso de la casa de paz del corregimiento de Puerto Caimito en La Chorrera, en donde, debido al colapso del sistema sanitario, los funcionarios deben utilizar tanques para realizar sus necesidades fisiológicas.
La concejal del corregimiento de Hurtado en La Chorrera, Yasmina Benavides, indicó que, en su caso, ella está costeando el servicio de internet, una situación que se repite en otros corregimientos de la provincia.
Otro tema abordado por los concejales durante la reunión con el viceministro Borrel fue el no pago de los salarios a los jueces de paz, lo que hace temer que en algún momento los funcionarios abandonen el cargo.
Por su parte, Héctor Castro, concejal por el corregimiento de Amador en La Chorrera, dijo que, en las zonas rurales, resulta poco conveniente establecer una sola casa de paz para varias jurisdicciones, considerando las distancias y costos de pasaje.
Castro citó el caso de la Casa de Paz del corregimiento de Santa Rita, la cual debe atender a la población de los corregimientos de Arosemena, Amador, Iturralde y Obaldía.
Con respecto a este tema, el alcalde de Capira, Ket Yao, dijo estar preocupado en especial por el nombramiento como jueces interinos de personas que no residen en el distrito.
Advirtió además que, al no estar percibiendo un salario, estos jueces interinos no tienen recursos para alquilar viviendas, por lo que deben viajar constantemente.
El viceministro de Gobierno Francisco Borrell explicó a los concejales que se trabaja en realizar mejoras en todas las casas de paz y acelerar lo más posible el nombramiento de los jueces.
