La Contraloría General de la República consideró necesario aclarar los hechos relacionados con el comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de aportar precisión y evitar interpretaciones que no reflejan lo ocurrido.
La entidad aseguró que en ningún momento funcionarios de la Contraloría, ni el contralor, han irrumpido en diligencias del Ministerio Público ni han interferido en investigaciones en curso. Señaló que la institución ha actuado de manera consistente con absoluto respeto a las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, lo cual —indicó— se evidencia en las 365 auditorías realizadas y en las denuncias debidamente sustentadas que han sido remitidas a las autoridades correspondientes.
Según explicó la institución, la presencia del contralor en las instalaciones de la Fiscalía respondió exclusivamente a la necesidad de conocer la situación de auditores de la entidad que se encontraban siendo entrevistados por un período prolongado, superior a ocho horas, en el marco de actuaciones que generaban inquietud sobre el alcance y la forma de dichas diligencias.
La Contraloría reiteró que las investigaciones forman parte fundamental del Estado de derecho y deben desarrollarse con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a las funciones de cada institución. En ese sentido, destacó la importancia de que también se garantice que los servidores públicos que cumplen labores de fiscalización puedan ejercer sus funciones sin que se generen interpretaciones que afecten su trabajo técnico.
Asimismo, señaló que los panameños han sido testigos del esfuerzo sostenido de la institución por fortalecer los mecanismos de control, documentar posibles irregularidades y trasladar oportunamente la información a las autoridades competentes, siempre en defensa del interés público.
La Contraloría General de la República reiteró su disposición de colaborar con todas las instancias del Estado dentro del marco de la ley, promoviendo una actuación coordinada que fortalezca la institucionalidad y la confianza ciudadana, en concordancia con lo establecido en el numeral 5 del artículo 11 de la Ley 32 de 1986, relativo a la coordinación interinstitucional entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
