La Contraloría General de la República informó que, tras un análisis integral, técnico y jurídico, no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, al identificarse múltiples inconsistencias que impiden su viabilidad legal administrativa.
El punto clave es este: el servicio ya estaba en manos del Estado. Desde el 13 de enero de 2026, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá quedó autorizada, por orden del Ejecutivo y con base legal, para encargarse directamente de la recolección, el transporte y la disposición final de los desechos en el distrito.
Firmar nuevos contratos privados en ese escenario, dice la Contraloría, creaba un doble servicio. Dos operadores haciendo lo mismo. Un choque legal que no se puede refrendar.
Además, la AAUD ya había entrado desde el 1 de enero en nueve corregimientos, por razones sanitarias. Eso terminó de cerrar cualquier posibilidad de aprobar contratos paralelos.
Firmar nuevos contratos sobre la situación, según la Contraloría, creaba una doble operación: la AAUD recogiendo basura y, al mismo tiempo, empresas privadas con contratos nuevos. Un enredo legal que no pasa filtro.
Además, indican que durante la revisión aparecieron faltas técnicas y administrativas serias.
Empresas sin permisos obligatorios de la propia AAUD. Sin permiso sanitario de operación vigente, exigido por decreto para actividades que afectan directamente la salud pública. Un requisito básico que, simplemente, no estaba.
También hubo contratos mal elaborados. No quedaba claro cuántas toneladas se iban a recoger, cuánto se iba a pagar al mes ni cuándo se harían los pagos.
De acuerdo a la Contraloría estos son datos esenciales que debían estar definidos desde el inicio y ajustados a los términos de referencia.
Por otro lado se detectaron pagos por toneladas excedentes no autorizadas, sin respaldo legal ni presupuesto aprobado. Plata en el aire.
Con todo eso sobre la mesa, la Contraloría cerró la puerta. No hubo refrendo.
