Nuevas reacciones han surgido desde sectores de la sociedad civil y organizaciones comunitarias tras la reciente presentación del plan energético nacional, debido a que dirigentes consideran que cualquier propuesta debe partir de la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan directamente a los usuarios del servicio eléctrico.
Los dirigentes Yadira Pino, Alcibíades Sánchez, Reina Carvajal y otros sostienen que se necesita un mayor control y fiscalización sobre las empresas transnacionales que operan en el sector, a las que responsabilizan de mantener a miles de usuarios enfrentando constantes aumentos en la tarifa eléctrica, interrupciones del servicio y proyectos que, según denuncian, permanecen inconclusos.
En comunidades de la provincia de Veraguas, los apagones se han convertido en una de las principales quejas de la población. Sectores comunitarios aseguran que las interrupciones son frecuentes y provocan pérdidas económicas, daños a equipos eléctricos y dificultades para familias, comercios y pequeños productores.
Los cuestionamientos también apuntan a la falta de respuestas concretas ante el deterioro del sistema eléctrico. Para los dirigentes, no basta con anunciar nuevos planes si no existe una fiscalización efectiva que garantice calidad, continuidad y precios razonables para los consumidores.
Advierten que el costo de la electricidad y las deficiencias del servicio están golpeando directamente la economía de las familias, mientras reclaman que las autoridades asuman un papel más firme frente a las empresas encargadas de la distribución y comercialización de la energía.
Los sectores comunitarios plantean que el nuevo plan energético debe incluir mecanismos claros de control, seguimiento y sanción, además de soluciones para las comunidades que continúan padeciendo apagones y deficiencias en el suministro eléctrico.
