Necesidades sociales, económicas y ambientales, fueron los temas abordados en una reunión sostenida por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González y un grupo de integrantes del Movimiento Cívico de líderes de bases comunitarias de los distritos de La Pintada, Omar Torrijos y Donoso, de áreas aledañas a la mina de cobre.
Eliecer Fernández, residente de la comunidad de Llano Grande y vecino de la mina, expresó que su principal interés radica en lograr la incorporación de la mano de obra local en el Plan de Preservación Segura.
Asimismo, busca que se establezca una hoja de ruta que permita monitorear los compromisos adquiridos con el Estado o la empresa, crear un plan estratégico para determinar el futuro de las 22 comunidades afectadas por el cierre de la mina.
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El ombudsman señaló: “Nos hemos comprometido a actuar como enlace con los funcionarios del gobierno entrante para abordar las diversas necesidades actuales, como la problemática de la minería ilegal, la pérdida de becas, productos y cultivos, situaciones que están experimentando a raíz de la declaración de inconstitucionalidad del contrato con la empresa minera”.
“Además, tenemos previsto entablar un diálogo con el rector de la Universidad de Panamá y llevar a cabo una gira para observar de primera mano la variedad de problemas sociales y económicos que actualmente afectan al área”, agregó Leblanc González.
Acompañó al Defensor del Pueblo, durante la reunión en la sede de la entidad, Julio De Gracia, director de Protección de Derechos Humanos.
