Un juzgado de Panamá ordenó la detención provisional de 12 migrantes irregulares haitianos que fueron imputados de delitos como incendiarismo y lesiones personales por haber vandalizado el albergue donde junto a casi 2.000 personas están varados desde hace meses debido a la pandemia de la COVID-19, informó este jueves la Fiscalía panameña.
Se trata del albergue de La Peñita, situado en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, donde los migrantes, sobre todo haitianos pero también cubanos y de países africanos y asiáticos, están en condiciones de hacinamiento y han protagonizados algunos episodios de desórdenes para presionar para que se les deje seguir su viaje hacia el norte del continente.
El pasado lunes las autoridades panameñas informaron de que un grupo de migrantes en La Peñita "quemaron una de las toldas de atención de salud, ocasionaron graves daños en algunas estructuras, así como a vehículos particulares y otros", y que por ello se analizaba su posible deportación.
El Ministerio Público dijo este jueves que la Fiscalía Regional de Darién en una audiencia múltiple logró la medida cautelar de detención provisional para 12 migrantes haitianos por los delitos de incendiarismo, daños a la propiedad, hurto y lesiones personales en perjuicio del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
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Reforzaron vigilancia
"Las 12 personas a quienes se les imputaron cargos, fueron aprehendidas en flagrancia por el Senafront el sábado 1 de agosto del presente en la comunidad de Peñita, lugar donde se encuentra ubicado el campamento para migrantes", dijo un comunicado judicial.
La defensa de los imputados anunció un recurso de apelación cuya audiencia se realizará el 12 de agosto próximo, de acuerdo con la información oficial.
El pasado 3 de junio las autoridades panameñas informaron que habían reforzado la vigilancia en el albergue de La Peñita luego de que un grupo de migrantes amenazaran con prender fuego al lugar si no los dejaban continuar su viaje.
El cierre de las fronteras por la pandemia frenó la llegada de los migrantes irregulares a Panamá procedentes de Suramérica, pero desbordó el programa de atención que aplica el país, conocido como flujo controlado, ya que dejó varados a los más de 2.500 que se encontraban ya en suelo panameño y están en La Peñita y también en el albergue de Peñas Blancas, cerca de la frontera con Costas Rica.
A finales de mayo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) urgió a Panamá a garantizar el derecho a la salud sin discriminación a los migrantes en Darién, donde se reportaron casos de COVID-19.
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Las autoridades panameñas reconocieron el problema de hacinamiento y anunciaron planes para construir un albergue modular o de campaña con capacidad para 500 personas en Darién.
Panamá "ha estado haciendo más que cualquier otro país (...) solo Panamá y Costa Rica atienden a los migrantes" irregulares, "les damos alimentación y servicios de salud", defendió en junio la directora de oficina de Migración panameña, Samira Gozaine.
