Esta es la radiografía de la judicialización de la política en caso New Business 

El gobierno del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) rechazó vía la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación presentado por el candidato presidencial favorito para ganar las elecciones en Panamá: Ricardo Martinelli.

El fallo sobre el caso New Business lleva la firmas de tres magistradas designadas por la dupla presidencial Cortizo-Carrizo: María Eugenia López Arias, Ariadne Maribel García Angulo y Maribel Cornejo Batista.

La decisión fue revelada un día antes del lanzamiento de campaña de los partidos Realizando Metas y Alianza, con el evidente propósito de afectar anímicamente a los seguidores de la nómina presidencial integrada por Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino.

Desde el 22 de enero se había filtrado un borrador del fallo que se elaboraba en el despacho de la presidenta de la Corte Suprema, sin ser ésta la magistrada ponente del caso, sino Ariadne García, quien para entonces estaba incapacitada.

 

Cortizo-Carrizo se quieren tomar tres periódicos en plena campaña

El fallo contra la Casación es otro elemento más al rosario de ilegalidades ocurridas a lo largo del caso New Business, con el propósito de judicializar la política.

La decisión no solo condena a Martinelli y le aplica una multa de $19 millones, sino que el gobierno Cortizo-Carrizo busca apropiarse de tres periódicos y lo hace precisamente en pleno inicio de campaña electoral.

 

Sigue la candidatura

Para el jurista Sidney Sittón, la Corte Suprema de Justicia no puede resolver un recurso de casación cuando no está en firme, ni ejecutoriada la resolución en razón de advertencia de inconstitucionalidad dentro de dicho proceso. Se pasaron por encima de la Constitución y la ley.

Sidney Sittón aclaró que le corresponde es al Tribunal Electoral que debe definir la posición sobre la candidatura de Martinelli, ya que que está el reciente precedente sobre el caso de Rómulo Roux, que dentro de la investigación del caso Odebrecht, no se le impidió participar en los comicios de 2019, bajo el argumento que no se puede truncar una candidatura en víspera de un proceso electoral.

 

Así se armó todo

La denuncia que sirvió para armar este caso surgió el 21 de febrero de 2017 por parte del diputado varelista ahora transformado en transportista de Minera Panamá, Jorge Iván Arrocha.

El secretario general del legislativo para esa época, Franz Wever reveló que en febrero de 2017 el entonces presidente de la Asamblea Nacional y hoy secretario general del PRD, Rubén De León, dijo que desde más arriba, que supone era el mandatario Juan Carlos Varela, exigieron remitir a la Procuraduría la denuncia del panameñista Jorge Iván Arrocha, sobre la compra del Grupo Epasa.

El abogado Wever dijo que le sugirió a De León que las palabras expresadas por Arrocha en el periodo de incidencia, como era una denuncia a título personal, era el panameñista quien debía gestionar ante la Procuraduría y la respuesta que recibió es que era "por órdenes de más arriba".

“Más arriba sólo estaba Dios y el presidente de la República, Juan Carlos Varela", exclamó Franz Wever. No podía negarme al mandato de Rubén De León, porque en la Asamblea las decisiones se toman y van porque van, añadió el exsecretario.

El ex fiscal David Mendoza encargado en su momento de la investigación del caso New Business declaró que tanto la exprocuradora Kenia Porcell como su secretario general Rolando Rodríguez tenían interés especial en Martinelli, a tal punto que lo presionaron para que se investigara y aplicaran medidas cautelares, a pesar de estar Martinelli amparado en el Principio de Especialidad y al advertir eso provocó que semanas después fuese trasladado y separado de la investigación por parte de la ex procuradora Porcell.

La diputada Yanibel Abrego reveló también  el verdadero motivo por el cual se inició esta investigación, que no es otro que el interés que mantenía el expresidente Varela de hacerse del control de los medios que consideraban no mantenían una línea editorial acorde los intereses de su gobierno.

Ella reveló que mientras Juan Carlos Varela ejercía como presidente, fue citada a una reunión, donde le solicitaron llevar un mensaje a Martinelli, quien en ese momento se mantenía privado de su libertad en El Renacer en el sentido de que si hacía entrega de las acciones que le correspondían por sus aportes para la compra de los medios de comunicación, todo se le resolvería.

 

Testigos escondidos y los Bancos 

Otro ingrediente de ilegalidad es que los de los testigos protegidos  Henri Kohen Mizrachi y Riccardo Francolini Arosemena, no comparecieron  a la audiencia a pesar de haber sido admitidos como testigos de la defensa para ser contrainterrogados. 

El directivo de Epasa, Francisco Arias  reveló en la audiencia que Henri Mizrachi se le acercó indicando que representaba a un grupo de empresarios hebreos que tenían interés en comprar ese conglomerado de medios.

En el juicio Abril Arosemena, abogada de Iván Clare, quien fuera gerente de Financial Pacific (FP),  mencionó en la audiencia New Business una lista de 14 bancos que recibieron, transfirieron y retuvieron fondos de la famosa ‘canasta’ utilizada para la compra del grupo de medios de comunicación, sin embargo, la fiscalía no ordenó la citación de ninguno de sus directivos.

Los bancos mencionados fueron Banco General, Global Bank,  Caja de Ahorros, Credicorp, Multibank, HSBC, BSI, Metrobank, Shenzhen Development Bank,Factor Global Inc., Capital Bank, Banesco, Bicsa y Banco Universal.

El Banco General y el Global Bank, fueron los que movieron más dinero en la transacción a través de cheques de gerencia.

Juan Raúl Humbert y  Hugo Villalobos, altos directivos del banco General recibieron en diciembre de 2010 los $12.5 millones que aportó como préstamo Ricardo Martinelli, en la transacción para la compra de Epasa.

 

Los banqueros

Los detalles de esa transacción las reveló el abogado Ricardo Chanis Correa durante la audiencia del caso New Business. Se trató de un cheque de gerencia proveniente del Global Bank y permitió liberar las acciones, ya que los vendedores: la Familia Arias, tenía una deuda por ese monto con el Banco General.

La directiva del Banco General la integran Raúl Alemán, Juan Raúl Humbert A, Juan Ramón Brenes Stanziola, Carlos Alberto Motta Fidanque, Ricardo Manuel Arango Jiménez, Álvaro Alfredo Arias Arias, Alberto Cecilio Motta Page ,Luis Carlos Motta Vallarino, Osvaldo Mouynes G, entre otros. Global Bank tiene entre sus directivos a Jorge Enrique Vallarino Strunz, Félix Brandon Maduro García de Paredes, Bolívar Ernesto Vallarino Strunz. Mónica García de Paredes de Chapman, Jorge Enrique Vallarino Miranda, Ishak Salomón Bhiku Rawat, Jack Eskenazi Cohen, Alberto Raymond Dayan Btesh, Domingo Adolfo Díaz Strunz, Otto Oswald Wolfschoon Horna, Stephen Benedicto Wong Chung, Eddy René Pinilla, Alberto Alemán Zubieta, entre otros.

En el expediente reposa la declaración jurada notarial suscrita por  Moussa Levy, quien fue el creador y dueño de la empresa New Business Services Limited, quien revela que anteriormente había invertido en los periódicos "El Universal y "El Siglo" y que posteriormente tuvo conocimiento que iban a vender los periódicos de Epasa, por lo que se lo comunicó a Henri Mizrachi, con quien tenía parentesco, que era el yerno para que hiciera acercamientos con la familia Arias y se fijara un precio aceptando la venta.

También declaró que usó la cuenta que denominó New Business Services  registrada en Islas Vírgenes, de la cual es el único propietario y accionista desde el año 2006 , comunicándole al Banco que estarían recibiendo dinero de personas interesadas en comprar acciones de un periódico de gran prestigio nacional, sin revelar en ese momento el nombre del periódico, ni los inversionistas que aún no se habían definido. Nunca se ocultó el origen del dinero, ni la transacción, sino que se guardó discreción.

De su declaración se observa que New Business Services   no se creó para la compra de Epasa, sino que esta existía desde el año 2004 y en el 2006 se activó y estuvo vigente hasta el 2015, varios años después de la operación de compra de la editora  y con finalidades comerciales diversas.

Otro aspecto que se resalta es la declaración de Riccardo Francolini Arosemana, quien explicó que fue él quien en calidad de inversionista participó de la compraventa de EPASA, que consistía en una transacción legal, cuyos fondos aportados por él ascendían a $2.5 millones, los cuales eran el fruto lícito de otras inversiones realizadas a través de los años,suma que le correspondió aportar después de concretar las negociaciones con Henri Mizrachi como representante de la sociedad Meadows Investment Holding, sin embargo, el Tribunal omitió ponderar dicho testimonio y ofrecerle el valor de plena prueba.

Ricardo Martinelli ha explicado que invirtió dinero de su pecunio personal para aportar en la compra de Epasa, la cual salió de un plazo fijo que tenía desde muchos años antes de ser presidente de Panamá.

En un artículo publicado el 26 de enero de 2019, el abogado Ricardo Chanis, expresidente de Epasa, destacaba que la compra y venta se llevó a cabo en cumplimiento de las mejores prácticas para transacciones de este tipo.

En la transacción brindaron sus servicios especializados las firmas de abogados Morgan & Morgan y  Chanis Abogados y Consultores; la firma de CPA’s Deloitte y los bancos Global Bank y Banco General, explicaba Chanis.

Chanis sostuvo que los bancos debieron hacer la debida diligencia y ninguno le dijo que eran fondos ilícitos. El propio perito de la Fiscalía, el comisionado Eliseo Abrego reconoció en la audiencia que los aportes que hizo Martinelli, eran fondos lícitos.

Otra ilegalidad advertida es que para preparar el recurso de Casación se le entregó   a la defensa de Martinelli un USB con los 181 tomos de la investigación con omisiones e incongruencias de foliatura con el expediente físico.

 

Candidatura en firme

A pesar de la "judicialización de la política", el PRD y el mandatario Laurentino Cortizo enfrenta escollos para impedir la candidatura de Martinelli y favorecer con ello la de José Gabriel Carrizo.

Ya el exsecretario general del PRD y exprecandidato presidencial Pedro Miguel González advirtió la posibilidad de que Ricardo Martinelli, pueda correr en la contienda de mayo próximo, aunque la casación, no fuera admitida.

González explicó que si queda en firme la sentencia después que el Tribunal Electoral ha publicado la lista de candidatos y en ella aparece Martinelli, habría que ver si esa decisión judicial lo saca o no de la carrera.

El Tribunal Electoral emitió el 11 de enero de 2024  el boletín No.5547 en el que reconoce que se encuentran en firme las candidaturas de Ricardo Martinelli para Presidente de la República y de José Raúl Mulino, como su vicepresidente por los partidos Realizando Metas y Alianza.

El perredista Pedro Miguel advirtió: ¡ojo hay precedentes!, porque en 1994 Mayín Correa fue candidata a la alcaldía de Panamá siendo condenada e inhabilitada por el propio Tribunal Electoral, pero no se le cercenó el derecho a correr y triunfó en esos comicios.

En tanto, para el analista y abogado Pedro Antonio Sittón Ureta, además debe tomarse el precedente tanto de Mayín Correa como el de Ana Matilde Gómez y permitirle correr en la próximas elecciones.     Sittón -especialista en temas de Derechos Humanos- sostiene  que no existe un juez natural imparcial e independiente que juzgue en estos momentos a Martinelli, producto de que existe una presidenta de la Corte  cortesana del gobierno de Cortizo y del candidato presidencial del PRD que  de manera corrupta está administrando justicia para favorecer esos intereses espurios, en detrimento de la voluntad soberana de tres millones de ciudadanos panameños.

 

Casos de Mayín y Ana Matilde

Pedro Sittón resaltó que hay fallos del Tribunal Electoral de 1994 y sobre todo uno de marzo de 1999 sobre el caso de la entonces candidata Mayín Correa, donde los magistrados señalan que "debe ser el pueblo, mediante el ejercicio del voto, quien decida si una persona condenada en el pasado por algún delito, debe o no llegar a ejercer un cargo de elección popular".    Además, el 12 de agosto de 2010, Ana Matilde Gómez fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 6 meses de prisión, pena que fue reemplazada por 40 días multa y además se le inhabilitó por 4 años para ejercer funciones públicas. Es decir, estando inhabilitada se le permitió recoger firmas para una candidatura a diputada y correr como candidata.

Sittón también destacó que la sentencia en primera instancia del caso New Business no conlleva expresamente inhabilitación para ejercer funciones públicas, ni inhabilitación de los derechos políticos. Para Sittón es correcta la decisión de llevar el caso de la candidatura de Martinelli a las esferas internacionales como la OEA, la ONU y la CIDH, porque hay poca fe en una Corte Suprema y un Tribunal Electoral controlado por el gobierno de Cortizo-Carrizo.