Siete personas, todas ellas miembros de empresas subcontratistas, fueron imputadas por los delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial en la modalidad de cómplices primarios.
Los imputados fueron aprehendidos en una diligencia de allanamiento realizada por el Ministerio Público en los predios de un proyecto en desarrollo en el corregimiento de Punta Chame, distrito de Chame, sobre el cual pesa una orden de paralización.
La juez también acogió la solicitud de la fiscalía de aplicar la medida cautelar de prohibición de salida del país y no acceder al área donde está ubicado el proyecto turístico.
Los imputados, entre ellos arquitectos, técnicos en edificación, abogadas, gerentes y plomeros, están ahora relacionados con una investigación iniciada por el MP en enero del 2026, contra la empresa dueña del proyecto por presuntas afectaciones ambientales.
Previamente, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) había ordenado en dos ocasiones la paralización de todos los trabajos, pese a lo cual las obras continuaron.
Los informes de MiAmbiente, indica la fiscal Fátima Marciaga, dan cuenta de la tala y el relleno de una zona de manglar, arrastre de arena de playa y afectación de una zona de desove de tortugas marinas.
Durante la audiencia, la fiscal indicó que, a pesar de la existencia de una orden de suspensión, cada nueva inspección realizada por MiAmbiente evidenciaba un avance considerable en las obras del proyecto turístico.
Además de ello, hay evidencia de que parte de los trabajos se realizaron fuera del área del polígono autorizada en el estudio de impacto ambiental.
La defensa particular de los imputados enfatizó en que las siete personas aprehendidas entraron a laborar meses después del inicio de las investigaciones por lo que no existen elementos que los vinculen al hecho que se investiga.
