Más de dos horas duró ayer, domingo, la audiencia de solicitudes múltiples en el Sistema Penal Acusatorio de Las Tablas, relacionada con el caso del menor de 10 años que murió en el distrito de Pedasí, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.
Al término de la diligencia, el Juzgado de Garantías de Los Santos ordenó la detención provisional de Luris Edith Cedeño, abuela del menor y de sus hermanitos, luego de que el Ministerio Público le formuló cargos por el delito de Maltrato al niño, niña y adolescente, en su modalidad agravada.
La fiscal superior de Los Santos, Liberia Cedeño, explicó que durante la audiencia se presentaron varias solicitudes, ya que inicialmente se abordó una diligencia de incautación de datos con control posterior y posteriormente se realizó la legalización de la aprehensión, la cual fue declarada legal por la juez de garantías. Seguidamente, el Ministerio Público formuló la imputación por maltrato al menor agravado y solicitó la detención provisional de Cedeño, al considerar que era la medida cautelar más idónea para el caso que se investiga.
La juez de garantías acogió la petición de la Fiscalía y decretó la detención provisional de la imputada. La fiscal indicó que la defensa no presentó recurso de apelación contra esta decisión. Cedeño había sido aprehendida la tarde del viernes por unidades de la Policía Nacional y ayer, domingo, llegó esposada y bajo custodia policial a la sede judicial.
Al finalizar la audiencia, la abogada particular defensora Suky Yard calificó la diligencia como compleja debido a las circunstancias que, según explicó, han rodeado la vida de los menores. Confirmó que se produjo la imputación por maltrato y que fue impuesta la medida de detención provisional. Yard sostuvo que los hechos de maltrato que se abordaron durante la audiencia se habrían producido de manera reiterada desde el año 2022.
Sin embargo, tras la audiencia, la abogada fue enfática en señalar que “hay mucho más” por investigar y que este proceso no terminaría con la detención de la abuela materna de los menores.
La abogada afirmó que durante los próximos días podrían desarrollarse nuevas audiencias y que otras personas podrían ser vinculadas penalmente a la investigación.
También indicó que los menores permanecen actualmente bajo una alternativa familiar, pero adelantó que solicitarán que la abuela paterna sea considerada como otra opción para asumir su cuidado.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por Yard estuvo dirigido a las decisiones tomadas anteriormente respecto a la protección de los niños. La abogada aseguró que algunas instituciones tenían conocimiento de la situación que enfrentaban los menores y que, a su juicio, faltaron acciones puntuales para salvaguardarlos y protegerlos. “No podemos mirar hacia otro lado”, sostuvo al referirse a la responsabilidad que, según su planteamiento, tienen las instituciones cuando conocen situaciones de vulnerabilidad infantil.
Yard también cuestionó la decisión de colocar a los menores bajo determinada alternativa familiar, al considerar que las decisiones adoptadas fueron desacertadas. Según manifestó, si se hubiese escogido de manera adecuada a la familia de apoyo, “tal vez el escenario fuera otro”.
La jurista planteó además la necesidad de revisar la respuesta del Estado frente a los casos de menores vulnerados, y consideró que las instituciones deben actuar con rapidez y de manera categórica cuando tienen conocimiento de posibles situaciones de maltrato y sostuvo que es necesario evitar que otros niños atraviesen circunstancias similares.
Mientras tanto, la fiscal superior Liberia Cedeño señaló que el Ministerio Público continuará con las investigaciones y que se debe preservar la integridad de los menores, y no descartó nuevas actuaciones dentro del proceso, mientras la defensa adelantó que podrían producirse nuevas audiencias y vinculaciones.
La investigación permanece en desarrollo y la carpeta se mantiene bajo reserva para proteger a los menores involucrados.
La detención provisional de la abuela del pequeño Jasset, quien supuestamente decidió quitarse la vida, constituye una medida cautelar dentro de un proceso que continúa en etapa de investigación, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales que pudieran establecerse a partir de las evidencias que sean incorporadas al proceso.
