El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, participó en un panel sobre el proyecto de “Ley 625 de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos” y pidió a la Asamblea Nacional de Diputados retomar la discusión de esta propuesta, que promueve su incorporación al ordenamiento jurídico panameño, para reducir la capacidad financiera y operativa del crimen organizado.
En el panel, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y su Comisión de Asuntos Jurídicos, el Ministro planteó que la intención es desmotivar y desalentar a las nuevas generaciones de hacer del delito su forma de vida, toda vez que los recursos obtenidos de actividades criminales no gozan de legitimidad ni de protección constitucional.
Con la extinción de dominio de bienes ilícitos, dijo el Ministro, se busca que los dineros obtenidos a través del delito, en cualquiera de sus modalidades, intente legitimidad para perpetuar la dinámica criminal, promover carga ilícita, reclutar personas, promover el sicariato, corrupción y la violencia en general.
En este contexto, señaló, que el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) mantiene el firme compromiso de luchar contra la criminalidad organizada, mediante un trabajo interinstitucional y coordinado, a través de planes, programas y proyectos encaminados en la lucha contra el crimen organizado.
“La propuesta presentada por el Minseg incorpora las mejores prácticas a nivel internacional con un enfoque social, sujeto al orden público y al bienestar de la población, inherente a los fines constitucionales de la justicia social”, agregó el ministro Pino.
El titular de Seguridad Pública, también indicó que mediante el fortalecimiento de esta norma, el Estado estaría en condiciones de desarrollar políticas públicas de prevención de manera integral, junto a otras instituciones vinculadas al desarrollo de mecanismos de intervención social, para minimizar la incidencia criminal y promover una cultura de paz.
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El secretario general del Minseg, Jonathan Riggs, quien complementó la explicación del ministro Pino, indicó que esta administración tiene la responsabilidad histórica de evitar que el crimen organizado siga expandiendo sus redes criminales y afecte la colectividad, porque “lamentablemente nos vemos afectados en el desarrollo humano sostenible, ese crimen organizado que atenta la seguridad interna del Estado, la convivencia pacífica y seguridad democrática”.
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Sobre este tema, el exdiputado Juan Carlos Arosemena puntualizó, que es el momento apropiado para que haya el debate nacional no solamente en la Asamblea ni en el Colegio de Abogados, sino de todos los actores para ver los pro y contra del proyecto de ley y buscar solución, “pero necesitamos esa herramienta para combatir a la mafia internacional”.
Entre tanto el presidente de la Apede, Antonio Vargas, recomendó al ministro Pino, ampliar el debate a miembros de la sociedad civil y a la seguridad jurídica, para que conozcan un proyecto como este y sus implicaciones, para llegar a un consenso.
