Movin sale a la defensa de Humbert, pero confirma existencia de contrato

 Las explicaciones que brindó ayer  la Contraloría de la República  sobre el contrato directo asignado por el Programa de Ayuda Nacional (PAN)  a una  empresa vinculada con el contralor Federico Humbert, reflejan  inconsistencias e irregularidades. Dos notas que envió el contralor al director del PAN, Rafael Stanziola, negándole el refrendo del contrato por $327,185.25 a la empresa Panamá Trucking Corporation, a la cual estuvo vinculado Humbert hasta el año pasado, presentan inconsistencias. La primera nota, enviada el 16 de marzo pasado, presenta el recibido oficial del PAN con fecha del 9 de abril, es decir, 25 días después. No obstante, esa misma nota tiene otra fecha de recibo, ocho días antes, el 1 de abril, firmada por una persona llamada Dalila, quien rubrica también la primera nota. Humbert envía una nueva nota, el 27 de abril pasado, reiterando la negativa del refrendo al contrato, la cual al parecer no ha llegado aún al PAN, pues no tiene sello oficial de recibido. Otra irregularidad que presenta la versión oficial de la Contraloría tiene que ver con la fecha en que Humbert se desvinculó de la empresa Panamá Trucking Corporation, el 24 de noviembre de 2014. En un Registro Público que se caracteriza por su lentitud, Humbert y su hermano Juan Raúl Humbert Arias lograron que se inscribiera en una hora con  19 minutos  la escritura pública en la cual, mediante una asamblea extraordinaria de accionistas, renuncian a sus cargos como presidente y secretario de la Junta Directiva, respectivamente. Llama la atención que esta inscripción se logró sin que en los documentos oficiales del Registro Público aparezca el pago de la “prelación”, que es el derecho que cancelan ($250) los interesados para que sus trámites se hagan de forma expedita, lo que generalmente se hace en unas 24 horas.  A pesar de que la empresa está ubicada en el área de Las Cumbres, la renuncia de los Humbert a la directiva se efectuó en la Notaría Sexta de Circuito en La Chorrera. Los nuevos directivos, Julio Solís (quien fungió como tesorero de Trucking durante años) y Ariadne de Solís decidieron mantener el mismo agente residente. La Contraloría emitió una nota de prensa ayer en la que asegura que Humbert “no tiene vínculo” con Panama Trucking Corporation, pero no aclara si sigue siendo aún accionista de la misma o la relación que mantiene con los Solís. Movin lo defiende otra de las irregularidades que se registraron con la versión oficial que brindó la Contraloría, es que primero salió en su defensa en las redes sociales el Movimiento Independiente (Movin), del cual formó parte Humbert y que apoyó y financió la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. Movin mostró en Twitter documentos oficiales de la Contraloría sobre el contrato con Panama Trucking, cuando esta institución del Estado aún no había emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto. Pero lo que no  explicó  Movin ni la Contraloría es cómo la empresa empezó a ejecutar el contrato con el PAN,  sin haber tenido el refrendo del contralor. Esto se desprende de las notas  en las que  Humbert afirma que el motivo de haber negado el refrendo fue porque la empresa procedió a dar el servicio sin el aval de la Contraloría. Jugoso contrato  Con la asunción del gobierno de Varela, la suerte de Panamá Trucking Corporation cambió.  El 27 de noviembre de 2014  fue invitada por el PAN a participar en un contrato para el transporte de arroz y menestras del Programa de Nutrición del Gobierno. Panamá Trucking obtuvo  el contrato directo número 114-2014, bajo el mismo mecanismo por el cual se investiga a los exdirectores del PAN, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia. En la nota del 16 de marzo, Humbert sostuvo que no refrendaba “documentos contractuales en los que hayan sido recibidos con antelación los bienes, obras o servicios del compromiso”, dando por rechazado el contrato con Panamá Trucking Corporation. El 27 de abril pasado, Panamá América procedió a enviarle un cuestionario al contralor sobre sus vínculos con Panamá Trucking. Este medio no recibió respuesta hasta ayer, cuando se conoció que ese mismo día, casualmente, Humbert emitió otra carta reiterando al PAN el no refrendo del contrato. Entre las interrogantes que se formularon se deseaba conocer ¿cómo hizo la Contraloría para fiscalizar este contrato, siendo Humbert su dueño?; además de, ¿cómo puede fiscalizar el contrato entregado de forma directa a su misma  empresa?Anoche, Panamá América envió un nuevo cuestionario preguntándole a Humbert: ¿si sigue siendo accionista de Panama Trucking? y  ¿cuál es su relación con Solís? El abogado Ernesto Cedeño señaló que esta fue una salida que buscó Humbert para no exponerse públicamente y enfrentar una investigación en su contra. Sin embargo, señaló que no es la primera vez que se conoce de un caso en el que  se da la orden de proceder sin refrendo, por lo que la empresa puede recurrir a la Corte Suprema y reclamar su pago. “Se permite el procedimiento. Hay un asunto cuando no han cobrado y pueden detenerse”, refirió el abogado, en relación con que se permita una orden de proceder y compruebe conflicto de intereses entre los dueños de las empresas y algún funcionario. En este caso se obvió el procedimiento administrativo que  selecciona entre varios proponentes y establece  los requisitos señalados por ley, los reglamentos y el pliego de cargos. Explicación Esta acción fue repudiada por varios sectores de la sociedad civil. Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, pidió que “el contralor aclare esto”. En este sentido, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio de Abogados, explicó que “obviamente el tema de estructurar al Estado en los conflictos de intereses y el incumplimiento de los comportamientos, es una etapa que debe asentarse”.  El abogado sostuvo en KW Continente que“ejercer cargos de importancia debe tener límites. Quien ejerza un cargo no puede beneficiarse y ejercer las mismas actividades comerciales”. Agregó  que “toda persona que tenga contratos con el Estado entrará en una situación  que, si el Estado es quien contrata,  eso puede tener carácter subjetivo -al tratarse de funcionarios-”. El vicepresidente del gremio abogadil plantea que la contratación pública debe ser más sólida e irse estableciendo lo que en otros países se ha hecho, que es que junto a la declaración jurada de bienes patrimoniales,  el funcionario haga una declaración de conflicto de intereses. La declaratoria involucraría   definir qué rubros u objetos económicos posee el funcionario, que   pudieran  entrar en conflicto  al ejercer un cargo determinado. “El Estado todavía está muy lejano a garantizar la transparencia y está insipiente de transmitir a la ciudadanía que todos podemos competir por igual, y ser iguales ante la ley”, sentenció el representante de los abogados. Por su parte, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá,  Rolando Gordón, manifestó que estaría  mal que se diera una contratación directa en la que  participe un funcionario como el contralor  general. “No podemos decir que todas las firmas -realizadas por el Gobierno- son por contratación directa”, dijo el economista. Por su parte, la abogada y comunicadora, Maribel Cuervo de Paredes en su cuenta de Twitter consideró que el debate de fondo en este asunto es que sectores de la sociedad civil evitan abordar conflicto de intereses cuando se trata de “poderosos”. Esto, en referencia a la defensa que hizo el Movin al contralor general.