El Gobierno panameño negociará un "nuevo contrato" con Minera Panamá, propiedad de la canadiense Firts Quantum Mineral (FQM) y que opera una gran mina de cobre, con base en las "mejores prácticas internacionales" y no al Código Minero vigente en el país, que establece un tope del 5 % de regalías por la explotación de este mineral.
Así lo explicó este jueves el titular del Ministerio de Comercio e Industria (Mici), Ramón Martínez, quien coordina la comisión de alto nivel designada por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, para "renegociar" con Minera Panamá el contrato, vigente hasta 2037, que establece una regalía del 2 %.
La mina a cielo abierto Cobre Panamá, una de las más grandes de Latinoamérica y con una inversión de 6.700 millones de dólares, comenzó a exportar mineral de cobre en junio de 2019, pero enfrenta una controversia legal sobre la validez de la concesión que le dio origen a raíz de un fallo de 2018 de la Corte Suprema de Justicia.
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El fallo de inconstitucionalidad, explicó Martínez, "está enmarcado en que no se cumplió el procedimiento adecuado para otorgar" en 1997 el contrato-ley que dio vida a la concesión, entonces otorgada a la ya extinta Minera Petaquilla y cuyos derechos recayeron en Minera Panamá tras varias ventas.
"Nosotros no vamos a volver a ese contrato ley (de 1997), nos vamos a ocupar es de un nuevo contrato, que se haga de forma adecuada", lo que incluye que sea presentado ante el Parlamento para su aprobación, porque "sabemos que hay una situación de limbo que tiene que resolverse", dijo Martínez a la cadena local TVN.
Resaltó que durante las negociaciones, "fundamentalmente" el Gobierno buscará "incrementar las regalías y tener un esquema de impuesto sobre la renta acorde a lo que hoy en día es lo normal en las operaciones mineras a nivel mundial".
El ministro reconoció que el Código Minero vigente en Panamá, que data de 1963, establece un tope del 5 % de regalía para la minería de cobre, pero negó que eso vaya a ser un condicionante en las negociaciones con la empresa de capital canadiense.
"Nosotros no estamos negociando en base a lo que dice ningún Código, nosotros estamos negociando en base a lo que pueda dar esa operación, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales", afirmó Martínez.
Durante las negociaciones también se van a abordar temas como el "desarrollo real" de las comunidades afectadas por la concesión, así como asuntos "técnico-ambientales que hay que revisar y que hay que mejorar en este contrato ley, para que la operación, si se quiere hacer a largo plazo, sea con el ambiente y la protección del mismo".
La renegociación del contrato con Minera Panamá, que comenzará en una fecha aún por definir, tendrá lugar al tiempo que un movimiento ambientalista ha planteado una propuesta de ley para una moratoria indefinida a la minería y señalado a Minera Panamá de graves daños ambientales.
Raisa Banfield, exvicealcaldesa de Panamá y miembro del grupo ambientalista Panamá Vale Más Sin Minería, le dijo este jueves a Efe que hay "evidencias" de los incumplimientos en materia ambiental de la empresa serían argumentos suficientes para revocar la concesión, que además se basa en un contrato "inconstitucional".
Banfiel hizo referencia a informes del Ministerio de Ambiente difundidos por la prensa local según los cuales Minera Panamá habría incurrido en 200 infracciones ambientales entre 2012 y 2019.
Cerrar Minera Panamá "sería un suicidio", porque se acabaría con 5.000 empleos directos y más de 30.000 indirectos, un aporte al producto interno bruto (PIB) de 3,5 %, y se establecería un precedente negativo a nivel de imagen internacional ya que la empresa confió en el país para hacer una inversión de 6.700 millones de dólares, dijo Martínez,
"Lo que sí podemos hacer con Minera Panamá es lo que estamos haciendo: negociando a alto nivel para lograr las mejores condiciones para nuestro país", agregó.
