Persisten las quejas por falta de reactivos en laboratorios del Complejo de la CSS
La disputa se originó cuando la CSS decidió rescindir administrativamente un contrato con PROMED.
Pacientes de la unidad de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social (CSS) no cuentan con reactivos para exámenes esenciales como nitrógeno de urea, ácido úrico, calcio, triglicéridos, colesterol LDL y magnesio.
Este desabastecimiento está vinculado a un conflicto legal entre la administración anterior de la CSS, liderada por Enrique Lau Cortés, y la empresa Promoción Médica, S.A. (PROMED).
La disputa se originó cuando la CSS decidió rescindir administrativamente un contrato con PROMED, debido a incumplimientos en la entrega de productos y documentación.
El 23 de agosto de 2024, PROMED presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la nulidad de las resoluciones que cancelaron el contrato No. 1000603068-0812-D.G. Este contrato, firmado en 2019 y valorado en más de 11 millones de dólares, contemplaba el suministro de pruebas de química general para varios centros de distribución de la CSS, pero fue cancelado por la entidad tras alegar incumplimientos reiterados.
Entre los incumplimientos por parte de PROMED, la CSS señaló que la empresa no cumplió con las entregas de productos contratados, realizándolas de manera parcial o incompleta, lo que generó desabastecimiento en diversos centros de distribución.
Además de los problemas relacionados con las entregas parciales, PROMED tampoco cumplió con la entrega del endoso de la fianza de cumplimiento, que debía realizarse en un plazo de cinco días hábiles desde el 11 de marzo de 2024. La empresa presentó el documento un mes después del plazo, el 26 de abril de 2024, lo que agravó aún más la situación contractual y contribuyó a la decisión de la CSS de resolver el contrato.
Ante estos incumplimientos, la CSS inhabilitó a PROMED por tres meses para participar en futuros procesos de licitación.
La empresa, por su parte, ha negado las acusaciones y sostiene que las dificultades en la ejecución del contrato se deben a decisiones administrativas de la CSS.