El Ministerio Público realizó una campaña de divulgación para dar a conocer a la población un Proyecto de Ley que modifica y adiciona artículos al Código Penal relacionado con el Cibercrimen, para evitar todo tipo de riesgo ante la evolución de la tecnología de la información.
Esta campaña pretende preparar y actualizar a la población en lo concerniente a la seguridad informática para enfrentar las tecnologías utilizadas indebidamente.
El impacto de la tecnología ha implicado una transformación en la forma de convivir en la sociedad, en la que se destaca la concepción de un mundo globalizado.
El Proyecto de Ley contiene nuevas propuestas y modificaciones que son requeridas con carácter de urgencia, en virtud que en la actualidad se carece de estos tipos penales que exige la gran demanda de nuevas conductas, que no están debidamente reglamentadas, para que se pueda cumplir a cabalidad con las investigaciones con un perfil del delito de alta tecnología, respondiendo a la sociedad con la imposición de una pena acorde al responsable de esa conducta.
Entre los propósitos de este Proyecto de Ley, está la protección de la información y tipificar conductas delictivas, relacionadas a las nuevas tendencias que incluyen:
· Acceso ilegal de redes,
· Interferencias, daños en la información (borrado, dañado, alteración o supresión de datos informáticos),
· Extorsión,
· Fraudes electrónicos,
· Estafas,
· Ataques a sistemas informáticos,
· Ataques realizados por hackers,
· Captura de datos bancarios (phishing, pharming)
· Computadoras zombies (bootnes),
· Violación de los derechos de autor,
· Pornografía infantil,
· Pedofilia,
· Denegación de servicios,
· Ciberacoso (ciberbullyning y cibergrooming),
· Violación de información confidencial,
· Acoso y otros.
Es decir todos los delitos que se realizan a través de redes informáticas, utilizando para ello la instalación de códigos, de gusanos, de archivos maliciosos, de spam, de ataque masivos a servidores de internet y mediante generación de virus.
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Es importante destacar que a nivel internacional existen herramientas jurídicas para la persecución de los delitos informáticos como organismos especializados para su investigación, así se puede mencionar el Convenio de Budapest de 2001, sobre la Ciberdelincuencia, el cual la República de Panamá aprobó a inicio del mes de septiembre de 2013, siendo un instrumento legal que tiene como propósito desarrollar las herramientas de investigación y cooperación en materia de cibercrimen.
El proyecto claramente establece que no se considerará delito de divulgación de datos informáticos o documentos indispensables para la comprensión de la historia, las ciencias, las artes o cualquier información que sea de interés público y que se divulgue, en ejercicio legítimo de la libertad de prensa.
