La presidenta de la Asamblea Nacional, diputada Shirley Castañedas, presentó para el debate la iniciativa de ley que establece un Régimen Especial de Emergencia Sísmica y crea la Comisión de Emergencia en caso de Desastre Sísmico o de otra Naturaleza, instituyendo los protocolos de prevención, protección y evacuación inmediata.
De acuerdo con Castañedas, el objetivo es de atender y dar respuesta, de manera efectiva y urgente, a los fenómenos naturales que puedan ocurrir o que estén ocurriendo en el mundo y que han afectado, principalmente, a nuestra región latinoamericana.
Indicó la diputada que nuestro país se encuentra ubicado en una región de significativa actividad sísmica, producto de la interacción de diversos bloques tectónicos y micro placas, entre ellos, la Placa del Caribe y la Placa de Nazca.
Por tanto, agregó, que en el documento se establece y define, con precisión, los diferentes niveles de emergencias y los criterios técnicos y objetivos para la activación de los protocolos correspondientes, de acuerdo con el tipo y la magnitud de la amenaza, incluyendo no solamente los eventos sísmicos, sino también inundaciones y otros desastres naturales.
Plantea mecanismos para la adopción de medidas excepcionales
La iniciativa propone establecer mecanismos para la adopción de medidas excepcionales de contratación, movilización de recursos y atención humanitaria durante situaciones de emergencia, garantizando, en todo momento, los principios de transparencia, rendición de cuentas y control sobre el uso de los recursos públicos.
Además, fortalece la etapa de reconstrucción mediante la aplicación de estándares de edificaciones sismo resistentes y de las disposiciones y recomendaciones establecidas en el Reglamento de Diseño Estructural vigente, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de los inmuebles y de proteger la vida y los bienes de la población.
Al igual, robustece las acciones de prevención, capacitación y respuestas para la población dotando de los recursos adecuados y tecnológicos a las instituciones responsables de implementar los protocolos de seguridad ante estos sucesos.
La diputada presidenta agregó que ningún país puede considerarse completamente seguro ni estar plenamente preparado ante este tipo de desastres naturales. Sin embargo, sostuvo que, frente a estos escenarios, resulta necesario "que nosotros como Estado nos preparemos y ofrezcamos soluciones de carácter preventivo para la población panameña".
Advirtió que en la actualidad Panamá no cuenta con una ley especial que regule de manera integral las emergencias sísmicas; por lo que resulta necesario actualizar y revisar, periódicamente, las normas vigentes.
Mencionó la Ley 7 de 2005, que establece un marco general relacionado con la protección civil, la prevención y gestión de riesgos y la atención de emergencias, mientras que el Reglamento de Diseño Estructural de Panamá (REP) establece disposiciones técnicas aplicables a las estructuras físicas.
No obstante, reiteró, que el ordenamiento jurídico panameño carece actualmente de una ley especial que regule, de manera integral y anticipada, la respuesta institucional específica ante emergencias sísmicas.
Concluyó, que las normativas existentes no han sido diseñadas, específicamente, para atender las particularidades de los desastres derivados de fenómenos sísmicos y tampoco establece, con suficiente precisión, mecanismos especiales de financiamiento, plazos de actuación, criterios técnicos de activación, ni procedimientos específicos para la movilización inmediata de recursos.
