La jueza Baloisa Marquínez decidió dar por terminada la etapa de evacuación de pruebas periciales y testimoniales tras no poder ubicar a la testigo Damaris Rodríguez Araúz, exfuncionaria de la Policía Nacional, cuyos reportes fueron utilizados por el perito Antonio Lim, ficha clave de la fiscalía, para generar su informe en el caso Odebrecht.
El Tribunal, en el decimonoveno día de audiencia, detalló los esfuerzos realizados para contactar a Rodríguez Araúz sin éxito, señalando que es imposible girar una orden de conducción en su contra debido a que no cuenta con la facultad para ello por ser un "acto de investigación".
Aunque la defensa solicitó a la jueza extender la fase de alegatos hasta ubicar a la testigo, la petición fue rechazada, asegurando que en el periodo de alegatos podrán hacer valer su derecho.
El abogado Rolando Rodríguez cuestionó que la exfuncionaria se niegue a rendir su declaración cuando dos de sus reportes son la "columna vertebral" del expediente por supuesto blanqueo de capitales.
Señaló que su comparecencia al Tribunal es indispensable para que pueda aclarar cómo en 24 horas hizo estos dos escritos.
"Para nosotros es fundamental que nos explique cómo una persona en 24 horas puede hacer un informe cuando lo normal es que el funcionario público demore. No puede ser que una persona haga estas clases de canalladas, y se perdió, y no pasó nada", puntualizó.
Moción que fue secundada por el jurista Alfredo Vallarino, parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, quien considera que, para que exista el debido proceso, es imprescindible que se respete el derecho al contrainterrogatorio de las partes.
Al respecto, la secretaría judicial reiteró que la última boleta emitida a nombre de Rodríguez Araúz fue entregada en la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la Policía Nacional, que procedió a contactarla a través de la subestación policial de Pacora, unidad a la que perteneció antes de su retiro en 2022, pero tampoco pudo ubicarla.
No obstante, aclararon que, al localizarla telefónicamente, quien respondió las llamadas fue alguien que se identificó como "su abogado y amigo", afirmando que desconocía su paradero y que también estaba tratando de ubicarla para que compareciera ante el Tribunal.
Tras solicitud de los abogados defensores y de la fiscalía, la jueza aceptó suspender la audiencia hasta el lunes 23 de febrero debido a que ambas partes tienen compromisos institucionales con los que cumplir el jueves 19 de febrero, cuando se tenía previsto continuar con el acto.
Detallaron que la fase de alegados se pospondrá dos semanas para que el Ministerio Público y algunos abogados puedan asistir a otra audiencia que se desarrollará en el mismo recinto, pero no guarda relación con el caso Odebrecht.
