A las 5:15 p.m. del viernes 12 agosto de 2022, se reanudaron los trabajos de la Mesa Única de Diálogo por Panamá.
El equipo de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Secretaría de Energía y Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), acudieron a la reunión para atender las inquietudes de las organizaciones sociales.
Los grupos sociales piden que los temas sean tratados en la sesión plenaria de la Mesa Única del Diálogo por Panamá.
El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, planteó que no se debe alterar la metodología al atender estos temas en la reunión plenaria porque se debe seguir la agenda con el tema de la Caja de Seguro Social, por lo que estas preguntas deben ser contestadas en una comisión.
Ante la insistencia de las organizaciones sociales, el equipo del Órgano Ejecutivo atendió las consultas en la sesión plenaria.
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Explicó que el Diálogo Nacional por la CSS está suspendido porque se solicitó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que elabore el informe de la situación actuarial de la entidad y definir el futuro del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Salamín dijo que, siguiendo la metodología de la Mesa Única del Diálogo por Panamá, el punto relacionado a la recomposición del Diálogo Nacional por la CSS se considera en disenso.
Las organizaciones sociales cuestionan que no se le permita a la Iglesia Católica convocar y facilitar el Diálogo por la Caja de Seguro Social.
Los facilitadores de la Iglesia Católica que participan en la Mesa Única del Diálogo por Panamá señalaron que las autoridades eclesiásticas no convocan, sino que aceptan la solicitud que se les hizo de ser facilitadores, con la aprobación de los demás grupos participantes presentes en la mesa.
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Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, manifestó que no se opone a que se establezca una Comisión de Seguimiento a los temas acordados, como lo plantean las organizaciones sociales, pues hay personal de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) trabajando y verificando en lugares específicos donde puedan darse anomalías con los precios de los productos regulados de la canasta básica de alimentos.
