Un juzgado de Barcelona archivó la segunda causa que la cantante Shakira tenía abierta en España, en este caso por, supuestamente, defraudar 7 millones de dólares al Fisco en 2018, después de que la Fiscalía y las demás acusaciones pidieran que se cerrara la investigación.
En un auto, la jueza instructora del caso concluye que no existe “indicio alguno” que pueda acreditar que Shakira “de manera consciente y voluntaria” omitiera información y documentación con “trascendencia tributaria” en sus declaraciones del Impuesto de la Renta (IRPF) y Patrimonio en 2018 al asesor fiscal encargado de sus autoliquidaciones.
La defensa de la artista colombiana pidió hace tres meses el archivo de la causa en un escrito en el que reconocía “obligaciones tributarias” con el Fisco español por el ejercicio de 2018 y se emplazaba a saldar esa deuda, después de que la investigada declarara por videoconferencia desde Miami y depositara en el juzgado los 7 millones de dólares que se le reclamaban.
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La Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por el Fisco y el Gobierno regional de Cataluña, en nombre de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), han apoyado la petición de la defensa y han remitido a la cantante a la vía administrativa para que se ponga al corriente con el organismo fiscal, con lo que la jueza no tenía más opción que dar carpetazo al asunto.
De esa forma, quedan zanjadas las causas penales que Shakira tenía abiertas en España por fraude fiscal: la primera de ellas derivó en un juicio en el que, el pasado mes de noviembre, la artista aceptó el pago de una multa de 8,3 millones de dólares en un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, tras asumir que defraudó 15,5 millones de dólares entre los años 2012 y 2014.
En paralelo, Shakira tiene pendiente un litigio contencioso en la Audiencia Nacional española contra la Agencia Tributaria por el ejercicio de 2011 en el que están en juego 69 millones de dólares, 30 de ellos correspondientes a retenciones acumuladas en los últimos años y otros 35 en sanciones.
En un comunicado emitido por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que representa a Shakira, el fiscalista José Luis Prada considera “especialmente inconcebible” que haya sido llevado a los tribunales por el ejercicio fiscal de 2011, cuando en su opinión no hay duda de que ese año no pasó en España ni la mitad del mínimo requerido para ser considerada residente fiscal en el país.
“Ese año Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países y pasó, como máximo, 70 días en España”, insiste el experto.
Además, Prada subraya que la multa de 37,5 millones de dólares que se dirime en la Audiencia Nacional fue impuesta por el Fisco “sin esperar siquiera a que un tribunal se pronuncie sobre su conformidad a Derecho” y grava los ingresos de la gira de la cantante sin tener en cuenta los gastos en que incurrió, lo que “es manifiestamente contrario al principio constitucional de capacidad económica”.
Por su parte, los abogados Pau Molins y Miriam Company, del bufete Molins, que ha defendido a la artista, consideran que el archivo de la causa demuestra que “nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante”, por lo que “no tenía sentido continuar con esta investigación penal”.
Según Company, la investigación se sostenía en “complicadas teorías y conceptos técnicos de difícil comprensión, incluso para fiscalistas expertos”.
De hecho, en su resolución judicial, la magistrada mantiene que hay “indicios suficientes” de que la liquidación del impuesto de la renta y el impuesto de patrimonio del ejercicio 2018 que presentó Shakira a través de su asesor fiscal “contenían irregularidades que fueron detectadas y puestas de manifiesto en las actuaciones de inspección y comprobación” llevadas a cabo por la Agencia Tributaria.
En concreto, añade, Shakira dejó de ingresar a la AEAT 5,6 millones de dólares, en concepto de IRPF y otros 587.600 dólares en impuesto de patrimonio.
No obstante, la jueza recuerda que para cometer un delito contra el Fisco no basta con que “se hayan producido irregularidades en las declaraciones tributarias presentadas”, sino que también es necesario que “dicha conducta se haya llevado a cabo con el ánimo de defraudar”.
