El secretario general de la OEA, Luis Almagro, redobló hoy su presión al Gobierno venezolano al pedir más sanciones y plantearse denunciar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En una conversación con un grupo reducido de periodistas, entre ellos Efe, el excanciller uruguayo explicó su estrategia para lograr la redemocratización de Venezuela, lo que hasta ahora ha sido la gran prioridad de sus dos años y medio de mandato en la OEA.
Sus dos vías de acción son, por un lado, solicitar a la comunidad internacional sanciones más duras y, por otro, la posibilidad de denunciar él mismo a Maduro ante la CPI si los expertos de la OEA se lo recomiendan en un informe que presentarán a finales de mes.
Su opinión es que las sanciones, incluidas las de los países americanos, son el único camino diplomático que queda para que Maduro se vea forzado a aceptar un proceso electoral con garantías y observación internacional.
Este año deben celebrarse en Venezuela elecciones presidenciales, pero no hay certeza sobre la fecha.
El camino diplomático que queda por delante es el camino de las sanciones y creo que tiene que haber sanciones cada vez más duras que permitan que el régimen venezolano estructure y permita un proceso electoral claro, la construcción de un sistema electoral garantista, sostuvo.
Almagro, al frente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde mayo de 2015, ya se había pronunciado anteriormente a favor de las sanciones a Venezuela aplicadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Aún hay espacio para la vía diplomática, que en este momento implicaría negociaciones serias para la democratización y el aumento de sanciones contra los personeros (representantes) del régimen y/o el aparato económico y financiero, consideró el excanciller, una de las voces más críticas con el Gobierno de Maduro.
A su juicio, unas presidenciales en las condiciones actuales no servirían para desencallar la crisis del país ya que el sistema electoral es prácticamente incontrolable y no ofrece garantías.
Hoy Venezuela más que elecciones necesita un proceso electoral nuevo que le permita edificar un sistema garantista que nos permita realizar por ejemplo una observación internacional seria, indicó.
Hoy el sistema electoral de Venezuela después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la desvinculación de la empresa (Smartmatic, encargada del recuento de votos) es prácticamente incontrolable, y eso lo han podido ver quienes participaron en el proceso de la Constituyente, en las elecciones regionales y en las elecciones a alcaldes, agregó.
Almagro subrayó que ese nuevo sistema electoral que reclama debe permitir votar a los venezolanos que viven fuera del país.
Si hay algo que nos da una dimensión de la crisis que hay en Venezuela es la migración de cuatro millones de venezolanos en los últimos años, eso es muy claro, es una migración más alta que la que ha habido de Medio Oriente a Europa en este tiempo, afirmó.
Por otro lado, Almagro está pendiente de que un panel de expertos le entregue a finales de este mes un informe en el que determinarán si hay base para denunciar al Gobierno venezolano ante la CPI.
El documento lo elaborarán a partir de las audiencias públicas sobre Venezuela que la OEA celebró este otoño a iniciativa del secretario general y del material enviado por la sociedad civil y otros actores relevantes.
La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los 28 Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.
Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría simplemente enviar la información él mismo, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina, y la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz.
Preguntado hoy al respecto, el secretario general reiteró que no descarta dar ese paso, aunque enfatizó que debe esperar a las recomendaciones de los expertos.
