Una decisión de la justicia brasileña que declaró inválidas pruebas obtenidas de los sistemas informáticos utilizados por Odebrecht ha abierto un nuevo debate sobre procesos desarrollados en América Latina, incluido el que llevó a la condena del expresidente peruano Alejandro Toledo. En Panamá, el mismo criterio ya fue extendido expresamente a Ricardo Martinelli.
La anulación de pruebas vinculadas a la estructura de pagos de Odebrecht ha puesto nuevamente bajo la lupa el proceso que llevó a la condena del expresidente peruano Alejandro Toledo, quien cumple una pena de 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos relacionados con la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
La controversia surge luego de que la justicia brasileña declarara inválidos elementos probatorios obtenidos de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day B, plataformas utilizadas por Odebrecht para registrar y administrar información relacionada con su estructura de operaciones.
De acuerdo con una información publicada por el medio digital peruano Gestión, la decisión cuestiona la validez de pruebas obtenidas en el 13.º Juzgado Federal de Curitiba, cuando estaba bajo la dirección del entonces juez Sergio Moro.
El fallo se fundamenta en criterios de exclusión de pruebas que ya habían sido aplicados en otros procesos relacionados con el caso Odebrecht, entre ellos investigaciones vinculadas al expresidente peruano Ollanta Humala.
Cuestionamientos a las pruebas digitales
Uno de los principales puntos de la decisión está relacionado con la cadena de custodia de las pruebas digitales.
Según la resolución, se registraron irregularidades en la obtención y manejo de determinados elementos probatorios, lo que llevó a la justicia brasileña a cuestionar su validez.
Asimismo, los documentos derivados del acuerdo de lenidad suscrito entre Odebrecht y las autoridades brasileñas fueron objeto de cuestionamientos sobre las condiciones procesales bajo las cuales podían ser utilizados.
La decisión establece, además, restricciones para que esos elementos sean utilizados como base de actos de cooperación y diligencias judiciales fuera de Brasil.
Este nuevo escenario jurídico ha generado interrogantes sobre el impacto que podría tener la anulación de determinadas pruebas en procesos desarrollados en otros países que utilizaron información procedente de las investigaciones brasileñas contra Odebrecht.
Toledo cumple condena por Interoceánica Sur
Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso relacionado con la Interoceánica Sur.
El Poder Judicial peruano concluyó que, durante su gobierno, Toledo favoreció a Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la obra.
La decisión adoptada posteriormente por la justicia brasileña no implica, por sí sola, la anulación automática de la condena de Toledo en Perú.
Sin embargo, abre un nuevo debate jurídico sobre el peso y la utilización de las pruebas procedentes de Brasil dentro de los procesos judiciales desarrollados en otros países.
Para que la decisión brasileña pueda tener consecuencias formales en Perú, las autoridades brasileñas deberán comunicar oficialmente las resoluciones correspondientes mediante los mecanismos de cooperación internacional.
El mismo criterio ya favoreció a Martinelli
El debate sobre la anulación de estas pruebas también tiene una conexión directa con Panamá.
El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Dias Toffoli, extendió al expresidente panameño Ricardo Martinelli Berrocal los efectos de una decisión que declaró inválidos elementos probatorios obtenidos de los sistemas Drousys y My Web Day B.
La resolución fue emitida dentro de la Petición 12.337 y concluyó que Martinelli se encontraba en una situación procesal similar a la de otros imputados que ya habían obtenido el mismo beneficio ante la máxima corte brasileña.
Según el fallo, Martinelli figura como procesado en Panamá en una causa relacionada con presuntos fondos procedentes de la denominada “Caja 2” de Odebrecht, cuyos registros habrían estado contenidos en los sistemas informáticos posteriormente cuestionados por el STF.
Toffoli determinó que los elementos probatorios obtenidos a través de esas plataformas eran inválidos dentro del ordenamiento jurídico brasileño y ordenó que el Ministerio de Justicia de Brasil comunicara formalmente la decisión al Gobierno de Panamá.
La resolución también estableció la prohibición de realizar actos de cooperación o diligencias en territorio brasileño fundamentados en esos elementos probatorios.
De Toledo a Martinelli
Así, mientras Alejandro Toledo permanece cumpliendo una condena de más de 20 años en Perú, la decisión de la justicia brasileña sobre la invalidez de determinadas pruebas vuelve a poner bajo discusión el alcance internacional de los elementos utilizados en los grandes procesos derivados del escándalo Odebrecht.
En el caso de Ricardo Martinelli, el STF ya tomó una decisión concreta y extendió expresamente a su favor los efectos de la anulación de las pruebas obtenidas de Drousys y My Web Day B.
El caso Toledo, por su parte, coloca ahora sobre la mesa una discusión más amplia: qué efecto pueden tener las decisiones de la justicia brasileña cuando pruebas obtenidas en Brasil fueron posteriormente incorporadas a investigaciones, juicios y condenas en otros países.
