Redacción/Santo Domingo,EFE
Autoridades dominicanas detuvieron a seis personas, entre ellas una pareja de italianos, acusadas de formar parte de una red que se dedicaba a vender niños recién nacidos a extranjeros, informó hoy la Procuraduría General (Fiscalía).
Entre los detenidos figuran los esposos italianos Rodolfo Subrizi y Lucila Magnanti, quienes supuestamente pretendían salir de República Dominicana con un bebé de cuatro meses, por el cual, según las investigaciones, habrían pagado la suma de 10.000 euros, según un comunicado de la Procuraduría.
La información precisó que la detención de los implicados fue posible tras una labor de inteligencia dirigida por el magistrado Jonathan Baró Gutiérrez, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, y otras autoridades.
A través de esa operación, las autoridades daban seguimiento a los también detenidos Gabriela Isabel Peralta Gómez, madre del menor, y Regalado Guzmán Cordero.
Guzmán Cordero hacía posible la adjudicación del niño a la pareja extranjera, realizando los trámites requeridos en diversas instituciones, según la versión oficial.
Igualmente, fueron detenidos Rosanna de Lucas García y Fabio Antonio López Alcequiez, a quienes se les imputa hacer el contacto directo con los extranjeros que llegaban al país caribeño a "comprar" los niños.
Esa red, que funcionaba en el municipio de Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez (noreste), tenía como "modus operandi" establecer el contacto y seguimiento a ciudadanos de otros países a quienes ofertaban la posibilidad de adquirir niños recién nacidos o aún estando la madre en proceso de gestación.
Mediante acuerdos, los interesados se hacían responsables de los gastos de la maternidad y, a la vez, pagaban 10.000 euros, explicó Baró, detallaron los investigadores.
Contra todos los implicados las autoridades solicitaron como medida de prisión preventiva, aunque solo Lucas García, Peralta Gómez y Guzmán Cordero fueron enviados a la cárcel por tres meses.
A López Alcequiez se le impuso una garantía económica de 300.000 pesos (6.975 dólares) e impedimento de salida del país, al igual que a Rodolfo Subrizi, mientras que a su esposa, Lucila Magnanti, la jueza rechazó imponerle medida alguna por razones de salud.
El Ministerio Público informó de que al momento del parto el extranjero interesado se trasladaba a República Dominicana y procedía a declarar al bebé como su hijo biológico ante la Oficialía del Estado Civil en compañía de la madre de la criatura, con lo cual se le otorgaba el derecho para asumir parte de la custodia del menor.
Posteriormente, la madre cedía la tutela total al falso progenitor, mediante acto notarial, con lo cual quedaba legalmente autorizado a fin de realizar las diligencias pertinentes para la obtención de la documentación requerida y de esa forma viajar con el bebé hacia el exterior.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas amplía las investigaciones en coordinación con la Fiscalía de la provincia María Trinidad Sánchez, la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, con el apoyo del Servicio de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI, por sus siglas en inglés).
Asimismo, las autoridades profundizan las pesquisas para detectar a otros posibles implicados en esta red y establecer responsabilidades penales contra cada uno de los actores. EFE
Autoridades dominicanas detuvieron a seis personas, entre ellas una pareja de italianos, acusadas de formar parte de una red que se dedicaba a vender niños recién nacidos a extranjeros, informó hoy la Procuraduría General (Fiscalía).
Entre los detenidos figuran los esposos italianos Rodolfo Subrizi y Lucila Magnanti, quienes supuestamente pretendían salir de República Dominicana con un bebé de cuatro meses, por el cual, según las investigaciones, habrían pagado la suma de 10.000 euros, según un comunicado de la Procuraduría.
La información precisó que la detención de los implicados fue posible tras una labor de inteligencia dirigida por el magistrado Jonathan Baró Gutiérrez, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, y otras autoridades.
A través de esa operación, las autoridades daban seguimiento a los también detenidos Gabriela Isabel Peralta Gómez, madre del menor, y Regalado Guzmán Cordero.
Guzmán Cordero hacía posible la adjudicación del niño a la pareja extranjera, realizando los trámites requeridos en diversas instituciones, según la versión oficial.
Igualmente, fueron detenidos Rosanna de Lucas García y Fabio Antonio López Alcequiez, a quienes se les imputa hacer el contacto directo con los extranjeros que llegaban al país caribeño a "comprar" los niños.
Esa red, que funcionaba en el municipio de Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez (noreste), tenía como "modus operandi" establecer el contacto y seguimiento a ciudadanos de otros países a quienes ofertaban la posibilidad de adquirir niños recién nacidos o aún estando la madre en proceso de gestación.
Mediante acuerdos, los interesados se hacían responsables de los gastos de la maternidad y, a la vez, pagaban 10.000 euros, explicó Baró, detallaron los investigadores.
Contra todos los implicados las autoridades solicitaron como medida de prisión preventiva, aunque solo Lucas García, Peralta Gómez y Guzmán Cordero fueron enviados a la cárcel por tres meses.
A López Alcequiez se le impuso una garantía económica de 300.000 pesos (6.975 dólares) e impedimento de salida del país, al igual que a Rodolfo Subrizi, mientras que a su esposa, Lucila Magnanti, la jueza rechazó imponerle medida alguna por razones de salud.
El Ministerio Público informó de que al momento del parto el extranjero interesado se trasladaba a República Dominicana y procedía a declarar al bebé como su hijo biológico ante la Oficialía del Estado Civil en compañía de la madre de la criatura, con lo cual se le otorgaba el derecho para asumir parte de la custodia del menor.
Posteriormente, la madre cedía la tutela total al falso progenitor, mediante acto notarial, con lo cual quedaba legalmente autorizado a fin de realizar las diligencias pertinentes para la obtención de la documentación requerida y de esa forma viajar con el bebé hacia el exterior.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas amplía las investigaciones en coordinación con la Fiscalía de la provincia María Trinidad Sánchez, la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) y el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, con el apoyo del Servicio de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI, por sus siglas en inglés).
Asimismo, las autoridades profundizan las pesquisas para detectar a otros posibles implicados en esta red y establecer responsabilidades penales contra cada uno de los actores. EFE
