San José/ACAN-EFE
Centroamérica debe mejorar sus sistemas jurídicos para lograr una lucha más efectiva contra la trata de personas y garantizar a las víctimas de ese delito la reparación y protección adecuadas, señaló un informe divulgado hoy en Costa Rica.
El "Análisis comparado de los ordenamientos jurídicos del delito de trata de personas en Centroamérica" afirma que los países de la región han tenido avances en la materia, pero que aún hace falta un mayor esfuerzo.
El investigador del nicaraüense Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Gerardo Bravo, explicó a los periodistas que en la región solo Nicaragua y El Salvador no cuentan con una ley específica contra la trata de personas, sin embargo el delito sí está tipificado en otras leyes con sus respectivos castigos.
Bravo, quien elaboró el estudio, comentó que una ley especial para el delito es necesaria porque permite a los países establecer políticas específicas.
En ese sentido destacó el ejemplo de Costa Rica, que además de la ley, cuenta en su Ministerio Público con una unidad especializada sobre la trata de personas y un Fondo Nacional contra ese delito que se financia con un cobro a la hora de salir del país.
Bravo afirmó que históricamente los países de la región han concentrado sus esfuerzos en combatir la explotación sexual, pero enfatizó en que existen otros fines de la trata como la explotación laboral o la servidumbre doméstica, a las que se les debe prestar más atención.
Otra de las deficiencias halladas en el estudio, es que los jueces de los países centroamericanos no suelen ordenar la incautación de bienes de los sentenciados por trata, como sí lo hacen en casos de narcotráfico.
"Muchos jueces no son enfáticos ni claros a la hora de la reparación de las víctimas. Nuestros países no tienen dinero para indemnizar a las víctimas con sus propios recursos, por ello los Estados necesitan decomisar los bienes", expresó Bravo.
En ese sentido, el informe encontró que en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, existe la tendencia de los jueces a enviar a las víctimas a buscar una indemnización por la vía civil, algo que Bravo consideró inconveniente.
El investigador también señaló la necesidad de afinar los proyectos de prevención y combate del delito que se encuentran en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, establecida en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Otra de las grandes deficiencias de la región es los pocos datos oficiales relacionados a la trata de personas, lo que evita que se pueda realizar un análisis que derive en progresos significativos en la lucha contra el flagelo, comentó Bravo.
El estudio fue presentado hoy en el marco de una reunión de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en la que participan una veintena de representantes de instituciones de migración de Centroamérica.
En esta cita se espera que se establezca una agenda de trabajo y coordinación de estrategias para los próximos meses.
Centroamérica debe mejorar sus sistemas jurídicos para lograr una lucha más efectiva contra la trata de personas y garantizar a las víctimas de ese delito la reparación y protección adecuadas, señaló un informe divulgado hoy en Costa Rica.
El "Análisis comparado de los ordenamientos jurídicos del delito de trata de personas en Centroamérica" afirma que los países de la región han tenido avances en la materia, pero que aún hace falta un mayor esfuerzo.
El investigador del nicaraüense Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Gerardo Bravo, explicó a los periodistas que en la región solo Nicaragua y El Salvador no cuentan con una ley específica contra la trata de personas, sin embargo el delito sí está tipificado en otras leyes con sus respectivos castigos.
Bravo, quien elaboró el estudio, comentó que una ley especial para el delito es necesaria porque permite a los países establecer políticas específicas.
En ese sentido destacó el ejemplo de Costa Rica, que además de la ley, cuenta en su Ministerio Público con una unidad especializada sobre la trata de personas y un Fondo Nacional contra ese delito que se financia con un cobro a la hora de salir del país.
Bravo afirmó que históricamente los países de la región han concentrado sus esfuerzos en combatir la explotación sexual, pero enfatizó en que existen otros fines de la trata como la explotación laboral o la servidumbre doméstica, a las que se les debe prestar más atención.
Otra de las deficiencias halladas en el estudio, es que los jueces de los países centroamericanos no suelen ordenar la incautación de bienes de los sentenciados por trata, como sí lo hacen en casos de narcotráfico.
"Muchos jueces no son enfáticos ni claros a la hora de la reparación de las víctimas. Nuestros países no tienen dinero para indemnizar a las víctimas con sus propios recursos, por ello los Estados necesitan decomisar los bienes", expresó Bravo.
En ese sentido, el informe encontró que en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, existe la tendencia de los jueces a enviar a las víctimas a buscar una indemnización por la vía civil, algo que Bravo consideró inconveniente.
El investigador también señaló la necesidad de afinar los proyectos de prevención y combate del delito que se encuentran en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, establecida en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Otra de las grandes deficiencias de la región es los pocos datos oficiales relacionados a la trata de personas, lo que evita que se pueda realizar un análisis que derive en progresos significativos en la lucha contra el flagelo, comentó Bravo.
El estudio fue presentado hoy en el marco de una reunión de la Coalición Regional contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, en la que participan una veintena de representantes de instituciones de migración de Centroamérica.
En esta cita se espera que se establezca una agenda de trabajo y coordinación de estrategias para los próximos meses.
