La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió una medida cautelar a una migrante venezolana detenida en Panamá desde hace ocho meses por presuntamente tener VIH y pidió al país centroamericano que detenga su deportación, informaron hoy distintas asociaciones sociales.
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En un comunicado conjunto, una decena de organizaciones humanitarias explicaron que la CIDH ha dado al Estado panameño un plazo de diez días para que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y salud de M.B.B.P, en particular absteniéndose de deportar o expulsar a la propuesta beneficiaria hacia Venezuela.
El organismo internacional, apuntaron las asociaciones, pidió parar la deportación en tanto las autoridades internas no hayan debidamente valorado conforme a los estándares internacionales aplicables, el alegado riesgo enfrentado respecto a su situación de salud.
En Venezuela no hay antirretrovirales
Entre las asociaciones firmantes, se encuentran el Comité de Derechos Humanos de Panamá, Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá (MDDP), Sociedad Civil Unificada en VIH o Espacio de Encuentro de Mujeres.
La concesión de esta medida cautelar representa un llamado de atención respecto del proceder de ciertas instituciones del Estado panameño en el cual pareciera existir un acuerdo para lograr que el Estado General de Cumplimiento en materia de Derechos Humanos sea inoperante, agregaron.
En 2015 en América Latina había 2 millones de personas con VIH
La Defensoría del Pueblo de Panamá acusó el pasado agosto al Gobierno panameño de aplicar políticas migratorias que propicien actos de discriminación y explicó el caso de esta migrante venezolana que se encuentra detenida en Panamá y de otra que también estaba infectada con VIH y que finalmente fue deportada a Venezuela.
En Venezuela no hay antirretrovirales. El Estado panameño es el que está permitiendo estos actos y el que básicamente está estableciendo una condena de muerte sobre las mujeres que son sacadas a países que no pueden ofrecerles tratamiento, denunció entonces en rueda de prensa el director de Relaciones Internacionales de la Defensoría del Pueblo, Víctor Atencio.
Panamá se comprometió el año pasado a conseguir en 2020 el objetivo 90-90-90, lo que implica que el 90 % de las personas que viven con el VIH conocerán su estado serológico, que el 90 % de las personas diagnosticadas recibirán tratamiento antirretrovírico continuado y que el 90 % de las personas tratadas alcanzarán la supresión vírica.
El organismo internacional contabilizó en 2015 que en América Latina había 2 millones de personas con VIH, 100.000 nuevos contagios en adultos y 2.100 nuevas infecciones en niños.
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Ese mismo año, de acuerdo a los datos de la ONU, perdieron la vida cerca de 50.000 personas a causa de enfermedades relacionadas con el VIH.
