Una encuesta realizada entre el 4 y el 9 de junio de 2015 reveló que un 34% de los colombianos cree que las FARC deben ser derrotadas militarmente en los campos de batalla, mientras que el 33 % considera que debe buscar una salida negociada al conflicto, lo que muestra una división social cuando se cumplen 31 meses desde que iniciaron los diálogos de paz.
Así se desprende de la encuesta Polimétrica realizada por la firma Cifras y Conceptos , cuando el proceso de paz atravesaba uno de sus peores momentos tras el fin del alto el fuego unilateral de las FARC y los bombardeos de la Fuerza Aérea contra la guerrilla que supusieron duros golpes al grupo armado.
Tal vez por ello, el 27 % de los colombianos se decantaron por la opción "promover la desmovilización" de los miembros de la guerrilla, una fórmula equidistante que, presumiblemente, implica algún tipo de negociación, si bien también es posible con un incremento de la ofensiva contra la guerrilla.
El número de personas que apoyan abiertamente una salida negociada al conflicto aumentó cinco puntos porcentuales desde abril, cuando el apoyo a unos salida negociada al conflicto que azota Colombia desde hace más de medios siglo tocó su mínimo desde octubre de 2014.
Cabe destacar que la encuesta fue divulgada el día de hoy.
Por otra parte, el número de colombianos que prefieren derrotar militarmente a las FARC creció once puntos porcentuales con respecto al pasado mes de abril hasta alcanzar el más alto respaldo que esta opción ha tenido desde octubre de 2014.
Preguntados por qué temas aceptarían para obtener la paz en las negociaciones, el 72 % de los colombianos dijo que aceptaría que el costo fuese que las FARC dejasen las armas.
El 50 % aceptarían un referendo popular para la ratificación de los acuerdos y el 41 % la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, una posibilidad a favor de la que se han posicionado diferentes autoridades del país como el fiscal general, Eduardo Montealegre.
Por otra parte, solo el 28 % aceptaría la participación electoral de los miembros del secretariado, el 23 % la inclusión de guerrilleros desmovilizados dentro de la fuerza pública y el 19 % asignar curules en el congreso sin elección popular a los líderes con condenas.
