El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de Costa Rica firmaron hoy un convenio de cooperación para impulsar programas que permitan reducir el hacinamiento carcelario en el país.
Según las autoridades nacionales, esta es una acción para el respeto a los derechos fundamentales de una población que desde hace tiempo viene clamando por mejores condiciones.
"Este convenio permitirá un trabajo articulado para generar programas para la discusión, la sensibilización, el debate y el suministro de información útil para un mejor control de la ejecución penal", expresó en la actividad oficial la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez.
Ambas entidades se comprometieron a la elaboración de instrumentos que permitan reducir el nivel de hacinamiento en los diferentes Centros de Atención Institucional del país de manera coordinada y con respeto a las decisiones jurisdiccionales de los Tribunales de Justicia.
Además, capacitarán personal, impulsarán la aplicación de medidas alternas del conflicto y estrecharán las relaciones con los jueces de ejecución de la pena, quienes tienen a cargo el seguimiento del cumplimiento de las sentencias.
"Es un compromiso por la defensa de los derechos de las víctimas, que han sido invisibilizados. En este ámbito, las medidas que beneficien a las personas privadas de libertad no pueden tener como resultado el riesgo a las víctimas ni limitación a sus derechos", afirmó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva.
Datos oficiales indican que Costa Rica tiene encarceladas a unas 14.000 personas, lo que supone alrededor de un 51 % más de la capacidad de los centros penales que cuentan con 9.130 celdas.
