El Gobierno de Costa Rica emitió hoy un pronunciamiento en el que afirma que no dejará entrar a su territorio migrantes irregulares y que actúa apegado a las normas migratorias locales e internacionales.
"Costa Rica no permitirá el ingreso de migrantes en condición irregular y en la medida de sus posibilidades desplegará las acciones necesarias para rechazar en las fronteras a quienes intenten entrar al país en esa condición", indicó el Gobierno en un pronunciamiento.
El texto agrega que "las autoridades migratorias tienen la obligación de aprehender, registrar e iniciar el proceso de deportación de los migrantes irregulares que intercepte dentro del territorio nacional, de acuerdo con las leyes vigentes".
Esta reacción se produce en momentos en que en Panamá hay unos 3.500 migrantes cubanos varados en su ruta hacia Estados Unidos, de los cuales 2.000 están en la frontera con Costa Rica.
Unos mil de estos migrantes ingresaron ilegalmente a Costa Rica el pasado miércoles, pero regresaron a Panamá.
A esto se suma un número no determinado de africanos indocumentados, procedentes, al parecer de la República del Congo, de los cuales unos 250 se encuentran en un limbo pues ni Panamá ni Costa Rica les permite el ingreso a su territorio.
Estos africanos llegaron hasta la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, país que desde noviembre cerró el paso a migrantes irregulares, pero la Policía costarricense los intentó regresar hoy a Panamá, por donde dicen haber ingresado.
Sin embargo, la autoridad migratoria panameña tildó hoy de "arbitraria" la medida de Costa Rica de expulsar hacia Panamá a los africanos.
El director del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Javier Carrillo, dijo en una rueda de prensa que las autoridades costarricenses no se han puesto en ningún momento en contacto con Panamá y han procedido a devolver a los migrantes de manera "arbitraria".
El Gobierno costarricense aseguró en su comunicado que "Costa Rica es un país de derecho que ha dado repetidas muestras de respeto a los derechos humanos y que seguirá actuando apegado a las normas migratorias nacionales e internacionales".
El texto oficial también asegura que Costa Rica y Panamá "trabajan para encontrar soluciones conjuntas y sostenibles a un fenómeno estructural internacional, como lo es el del tráfico internacional de personas".
El Gobierno costarricense reiteró que "no cuenta con las condiciones económicas ni logísticas para volver a instalar una red de albergues ni organizar un plan de atención y evacuación" de migrantes como el desplegado entre noviembre y marzo pasados con 8.000 cubanos, tras el cierre de la frontera nicarag ense.
"Las autoridades costarricenses, entidades de auxilio y organismos internacionales multilaterales también trabajan para garantizar la vida, integridad personal, derechos humanos y condiciones sanitarias mínimas de migrantes irregulares varados en nuestras fronteras", concluyó.
Mientras que el Servicio Nacional de Migración de Panamá señaló que los migrantes cubanos y extracontinentales no se quieren quedar en Panamá.
