El alcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, fue detenido hoy por la Policía peruana en Lima por sus presuntos vínculos con el asesinato del exconsejero de la región Ancash, Ezequiel Nolasco, en marzo pasado.
Arroyo es la segunda autoridad de esta región detenida en las últimas horas por su presunta participación en el homicidio de Nolasco, después de que el mismo presidente regional de Ancash, César Alvarez, fuese capturado ayer en Lima.
El alcalde del Santa fue recluido en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), después de ser detenido por la Policía en una casa del distrito de Santiago de Surco.
Sin embargo, horas después Arroyo fue trasladado junto a Alvarez y al gerente regional, Hernán Molina, a la Sala Penal Nacional que investiga el asesinato de Nolasco, un opositor del presidente regional que denunció actos de corrupción en esa localidad.
La hija del asesinado exconsejero, Fiorella Nolasco, declaró ayer a los medios locales que esperaba que Alvarez pase muchos años en la cárcel y que todavía no podía confiar en la Justicia hasta que lo condene por la muerte de su padre.
La joven, de 20 años, lideró las denuncias contra Alvarez, tras el asesinato de su padre, y presionó a las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial a iniciar las investigaciones contra una supuesta mafia liderada por el presidente regional para acabar con sus rivales políticos.
Fiorella Nolasco denunció haber recibido amenazas de muerte, tras la detención de Alvarez, y actualmente vive con su madre y su hermana bajo el resguardo de un contingente policial.
El presidente del Tercer Juzgado Penal Nacional, Marco Aurelio Tejada Ortiz, ordenó el jueves la detención de 29 implicados en el asesinato de Nolasco, entre los que se encuentra Alvarez y varios funcionarios de la región Ancash por los delitos de asociación ilícita en agravio de la sociedad y homicidio calificado.
Alvarez tenía impedimento de salida del país desde abril pasado debido a una investigación abierta en su contra por la Procuraduría Anticorrupción por presuntos actos ilícitos y de corrupción.
Sin embargo, las denuncias contra la autoridad regional se incrementaron desde el homicidio de Nolasco, en marzo pasado, el último de una lista de nueve opositores a Alvarez que fueron asesinados en los últimos años.
En declaraciones a RPP Noticias horas antes de entregarse, Alvarez dijo que no tenía "nada que ver en el atentado al señor Nolasco" y que era "el más perjudicado con esta persecución política".