Una joven mexicana fue encerrada en una cárcel comunitaria y multada con casi 50,000 pesos (3,000 dólares) por negarse a un casamiento pactado según los usos y costumbres de la comunidad de Santo Tomas, en Higaldo.
La mujer identificada por las autoridades como Adriana B. B., tiene 19 años y se vio envuelta en la disputa porque aparentemente había aceptado casarse con un residente de la comunidad y después se arrepintió.
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El asunto molestó al prometido y a la familia de este, por lo que se quejaron ante una junta local. Como respuesta, las autoridades comunitarias encerraron a la joven en una celda local durante tres días y le impusieron la multa que debía pagar en efectivo para deshacer el compromiso.
La familia de la joven también se movilizó y pidió ayuda a la policía municipal de Atlapexco, que envió funcionarios para dialogar con los representantes de la comunidad, a quienes notificaron que estaban incurriendo en varios delitos. En razón de ello, Adriana fue dejada en libertad la mañana del lunes.
En marzo de este año, el Senado de México aprobó reforma en el Código Penal que busca combatir el matrimonio forzado en niños indígenas y afromexicanos, y castiga hasta con 20 años de prisión a quienes obliguen a estos grupos vulnerables al matrimonio o celebren "cohabitaciones forzadas".
Además, la Corte Suprema de Justicia considera los matrimonios forzados como una forma de violencia contra las mujeres, por lo que son considerados delitos.
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El incidente con la joven encarcelada y multada indigna a activistas feministas
Guadalupe Azuara, activista de la organización feminista Tetik Siuatl, manifestó su repudio al incidente que atribuye a las carencias del Estado, la violencia contra las mujeres y la pobreza en la región.
