La fiscal mexicana, Arely Gómez, dijo hoy a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que seguirá atendiendo sus peticiones en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en el sur de México.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) indicó en un comunicado que Arely sostuvo este viernes su séptima reunión con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desde que a finales de febrero sustituyó a Jesús Murillo al frente de esa institución.
En el encuentro, la funcionaria "refrendó que existe la plena disposición y el compromiso institucional de seguir atendiendo todas y cada una las peticiones, con base en el acuerdo de asistencia técnica" firmado con la CIDH para este caso.
Según la versión de la fiscalía, los 43 jóvenes fueron detenidos por policías corruptos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero de un municipio vecino.
La PGR "ha sido receptiva en todos los planteamientos" del grupo y "ha reconocido y apoyado" el trabajo realizado en torno a este caso en los últimos seis meses, apuntó hoy la institución.
Los expertos independientes de la CIDH darán a conocer el próximo domingo su informe "Ayotzinapa: investigación y primeras conclusiones" al concluir su mandato inicial de un semestre.
La CIDH anunció a finales de agosto pasado su decisión de prorrogar otros dos meses el mandato del GIEI para "recibir y procesar los comentarios y las observaciones" de cara al informe final.
Hasta ahora el grupo ha denunciado irregularidades en la investigación oficial, entre ellas la destrucción de pruebas de vídeo, y ha solicitado al Gobierno que mantenga la búsqueda de los estudiantes.
También pidió entrevistar a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los estudiantes, pero el Gobierno respondió que debía ser por escrito y dentro del proceso penal, lo que rechazaron los especialistas.
El grupo está integrado por los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox, el español Carlos Beristain y la guatemalteca Claudia Paz.
Este equipo se formó como resultado de un acuerdo firmado por la CIDH con el Estado mexicano y los familiares de los estudiantes desaparecidos.
